"Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, 
a las funciones públicas de su país"
-- Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 (Art. 21, inciso 2). 

"Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político. (...) Para hacer efectivo este 
derecho: (7) puede acceder al desempeño de funciones y cargos públicos."
-- Constitución Política de Colombia, 1991 (Art. 40, inciso 7)

Más de 65 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 22 años después de la creación de la Constitución Política de Colombia, el acceso a una buena parte de los cargos públicos del país no se da en condiciones de igualdad o meritocracia. Permanecen sujetos a indicaciones políticas e influencias indebidas.

Un ejemplo de estas indicaciones políticas es la denuncia del «Carrusel de la Re-Elección» en Diciembre de 2013 acusando al Gobierno de Juan Manuel Santos de entregar a 164 congresistas más de 1900 cargos gerenciales en entidades del orden nacional y cupos indicativos entre 3.000 y 5.000 millones por congresista para obras en sus regiones, a cambio de votación favorable a sus proyectos de ley y apoyo a su reelección.

Es claro que este tipo de prácticas no se restringen a este Gobierno. Sucedió, sucede y sucederá en prácticamente todos los Gobiernos de escalas Nacional, Departamental y Municipal de Colombia (incluyendo el Gobierno de Uribe y otros que vendrán). Igualmente, sucede en la Rama Judicial, el Miniterio Público, la Contraloría y demás entidades del Estado.

Sin embargo, el hecho de ser una práctica generalizada no debe restarle importancia a un asunto que merece toda la investigación, todo el debate y todas las medidas correctivas. Esto por dos motivos:

El primer motivo es que corregir esta práctica y sus causas ayudaría a que una proporción creciente de funcionarios en cargos directivos públicos administre realmente bajo los principios de la gestión pública y con menos conflictos de interés. El conflicto de interés se da cuando en el ejercicio de las labores dentro de una institución, sobreviene una contraposición entre los intereses institucionales y los intereses propios o los intereses de la persona que te indicó para el cargo. Por regla general de ética, los conflictos de interés hay que evitarlos.

Contrario a eso, lo que sucede en la práctica con los directivos y gerentes nombrados por indicación política es que se sierne sobre ellos presión para pagar el favor del nombramiento o para administrar los programas a su cargo favoreciendo comunidades, contratando empresas o contratando personas que colaboran con la elección o re-elección del Congresista, Diputado o Consejal que lo indicó. No necesariamente atendiendo a las comunidades más necesitadas o contratando a las empresas más idóneas o a las personas más competentes. Es decir, administran más con criterio político que con criterio misional o técnico. ¿Es de esa forma que nosotros los ciudadanos queremos que sean administradas las entidades públicas de nuestro país y de nuestras regiones? Creo que no.

El segundo motivo es que abordar este tema con seriedad puede ayudarnos a dar pasos en una dirección de mayor igualdad de acceso a procesos de selección de candidatos y contribuir a que una mayor proporción de talentos ocupe los cargos públicos del país. Defino talentos como aquellos ciudadanos con altos niveles de competencia profesional, cualificación académica, integridad y sensibilidad por el servicio público. Es un sueño valioso y nos beneficiaríamos todos si los asuntos públicos de la Nación estuviesen en manos de talentos sin tantos conflictos de interés y con verdadera vocación de servicio público. Esto es precisamente lo que sucede en países con excelentes administraciones públicas y altos grados de desarrollo económico, social y político como Dinamarca, Finlandia, Suécia, Holanda, Singapur y Hong Kong. (Ver Resultados del Índice de Percepción de Corrupción 2013 de la organización Transparencia Internacional)

Para aportar un grano de arena al debate, comparto mi opinión sobre tres causas claves de este problema de influencias indebidas en la asignación de cargos públicos y seis conjuntos de acciones que pueden contribuir a que una creciente masa de talentos esté al frente de los asuntos públicos de la Nación.

Tres causas clave

La primera causa del problema es la creencia y práctica común entre funcionarios y candidatos a cargos de elección popular de que para ganar elecciones necesitan ofrecer y pagar con cargos, contratos y obras a aquellos líderes comunitarios, colaboradores, patrocinadores y comunidades que los ayudan a ser elegidos y/o votan por ellos. En este sentido, la mayoría de Senadores, Diputados Departamentales y Consejales Municipales presiona al ejecutivo (en cabeza del Presidente, Gobernador y Alcalde y sus líderes de sector o de entidades) para que les permitan indicar personas y contratistas a cargos o contratos específicos, a cambio de votos favorables en proyectos de ley o de apoyarlos en debates de control político. Los que no lo hacen se pueden sentir «pendejos» y otros pueden decir «si no lo haces no cuentas con la colaboración de nadie o no eres electo/re-electo.» Y si a ello se le suma que la mayoría de cargos directivos de las entidades públicas son de libre nombramiento y remoción, y que una alta proporción de cargos públicos están aún bajo una modalidad de contratación bastante discrecional como la prestación de servicios, buena parte de tales influencias generalmente se hace efectiva y de forma legal.

Al otro lado de la cuestión, la segunda causa co-relacionada es que en un país con alta proporción de pobreza (ver post ¿Cuál es la situación de la pobreza en Colombia?) son los barrios, comunas y comunidades vulnerables las que ponen la mayoría de los votos y prevalece, entre sus líderes comunitarios y las mismas comunidades, la costumbre de presionar a los políticos por esos cargos, obras, contratos y subsídios. De manera que muchos en las regiones terminan apoyando o votando no necesariamente por aquel político con las mejores propuestas y/o el mejor perfil, sino por aquel que ofrece o representa beneficios concretos de corto plazo como un cargo, una obra o un contrato, post elección. En contraposición, la población de rentas medias y altas es minoría y presenta altas tasas de abstención en los procesos electorales (en torno del 55%).

La tercera causa es que el sector público (especialmente en los niveles departamental y municipal) no está logrando atraer una proporción significativa de talentos. Esto sucede por una mezcla de remuneración poco competitiva (comparada con el sector privado y desigual entre ramas y entidades del poder público); percepción desprestigiada del servicio público relacionado frecuentemente con corrupción; y falta de talento humano con formación especializada y motivada por el ejercicio de la función pública. En el Gobierno Nacional esto viene mejorando (con unos polos de excelencia como MinHacienda, BanRep, DNP y DPS), pero estamos aún muy quedados en los niveles Departamental y Municipal.

De esas tres causas deriban una serie diversa de comportamientos y síntomas indebidos, que también reflejan nuestra gran inmadurez política, ética y cultural.

Seis soluciones

Un problema de esta complejidad no se resuelve con una sola medida y no sólo con castigos. Por eso propongo seis conjuntos de acciones en los frentes de normatividad, punición, participación política, educación, remuneración, legislación y ética.

Un primer conjunto de acciones debe ir encaminado a disminuir los incentivos y el margen de maniobra para la oferta indebida de cargos públicos por parte de funcionarios electos y propender por la igualdad de información y acceso sobre los procesos de selección de cargos públicos. Ello implica ejercer presión ciudadana y mediática para que se aplique y se refine la normativa vigente (idealmente en la reforma política que se vendrá en los próximos 1-2 años) de forma que mejore el sistema de incentivos. Deben darse ajustes en el diseño y aplicación de las normas sobre financiación de campañas electorales para garantizar que las mismas estén adecuadamente financiadas y evitar que una persona natural o jurídica ejerza influencia indebida; aumentar la proporción de cargos sujetos a procesos de selección públicos, difundidos, profesionales y competitivos (concursos públicos); limitar la re-elección de todos los cargos de elección popular a un único periodo de 6 años o un máximo de dos periodos de 4 años; y refinar el régimen disciplinario para actuar y penalizar influencias y procesos indebidos en las contrataciones de funcionarios públicos.

El segundo conjunto de acciones debe orientarse a fortalecer la participación electoral (actualmente en torno de 44% en Colombia) y las herramientas para informar al ciudadano sobre los antecedentes, perfiles y propuestas de los candidatos a elecciones. En el frente de incentivos a las votaciones podríamos explorar diversas medidas, incluyendo el debate sobre la implementación del voto obligatorio tal como sucede en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Costa Rica, Grecia, Luxemburgo, México, Panamá, Singapur y Uruguay. En el informe 2012 de The Economist Intelligence Unit sobre el Índice de Democracia, este apunta una correlación alta entre consolidación de la democracia y participación electoral (usualmente superior a 70% para democracias consolidadas). En Brasil, por ejemplo, quien no vota está sujeto a una sanción de 3% a 10% de un salario mínimo, no puede participar en concursos a cargos públicos y no le renuevan su cédula de ciudadanía ni el pasaporte, entre otras. En el frente de información, dos ejemplos valiosos son CongresoVisible.org y Elecciones.com.co. Estos permiten consultar el perfil, votación, proyectos y propuestas de congresistas y candidatos, e incluso promoverlos. El objetivo es lograr que una proporción creciente y futuramente mayoritaria de nosotros vote (hoy sólo 4 de cada 10 colombianos que pueden votar lo hacen) y lo haga por aquellos que considera candidatos con buenas propuestas e idoneidad. Al respecto puedes ver mi post «Una actitud renovadora por lo que es nuestro.»

Un tercer conjunto de acciones debe continuar profundizando, implantar criterios técnicos de focalización (los que se usan para decidir donde y en que participantes se prioriza la atención) y tornar en leyes los programas claves para la población vulnerable en áreas como empleo, seguridad social, asistencia social, educación y atención de necesidades básicas (p. Ej. agua potable, saneamiento, vivienda). Por una parte, el avance en la cobertura y calidad de estos factores para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad disminuirá también el incentivo de esta a jugar el juego de ofrecer o «vender» su voto al primer político ofreciendo empleos y dádivas. Por otra parte, al implantar criterios técnicos de focalización y tornar en Leyes de la República los programas e iniciativas clave para la población vulnerable como Familias en Acción (convertido en ley 1532 el 7 de junio de 2012), Alimentación Escolar o el proyecto de Seguro Desempleo, estos no podrán ser ofrecidos o manipulados por políticos en campaña y/o por los funcionarios públicos indicados por ellos.

El cuarto conjunto de acciones debe promover el aumento de profesionales con formación de excelencia y motivación para ejercer cargos públicos en las regiones. Ello a través de la creación, fortalecimiento y financiación de programas de gestión y políticas públicas (de pregrado y postgrado) en los centros académicos de excelencia en las regiones (p. ej. Universidad Icesi en el Valle del Cauca). Entidades como ICETEX, Colfuturo y otros patrocinadores privados pueden crear y/o fortalecer fondos de becas parciales o totales para talentos de las regiones que estudien estos programas y sirvan en el sector público. Una condocación mayor o total debería dársele a aquellos jóvenes que sirvan en las entidades públicas de departamentos y municipios con mayor carencia de talentos. Un buen ejemplo lo ofrece el Programa Semilleros de Talentos Regionales de COLFUTURO que selecciona talentos de las regiones admitidos en postgrados de excelencia en el exterior y les brinda un 10% adicional a aquellos que decidan servir en el sector público (encima de la condonación dada por regresar y permanecer en Colombia). En general hay que tornar y promover tanto de fondo (con educación de excelencia) como de forma (vía campañas de comunicación, eventos y free-press) que el ejercicio de la función pública es honorable.

En este mismo sentido, un quinto conjunto de acciones debe ir encaminado a mejorar el esquema de remuneración de los cargos públicos para que estos paguen de forma competitiva con el sector privado y atraiga talentos. Un estudio reciente de la Universidad de Stanford comprueba que mayores salarios atraen mejores talentos al servicio público. En mi opinión, la remuneración de los cargos públicos debe estar entre la media y el tercer cuartil del mercado laboral privado, usando como referencia estudios anuales de salarios serios como los de ACRIP y Hay Group. Igualmente, deben homologarse los grados de todas las ramas y entidades de manera que un auxiliar, asistente, analista (júnior, pleno y senior), coordinador de equipo (Jr., Pl. y Sr.), gerente de programa/área/proceso (Jr., Pl. y Sr.), sub-director de área o Director/Vice-Ministro o Director General/Ministro en el ICBF gane lo mismo que uno en MinHacienda, DNP y BanRep. Finalmente, debería establecerse un sistema de remuneración variable al buen desempeño que podría basarse en número de salarios (p. ej. 2 a 6 salarios por año). Esto es difícil de aplicarse en sector público por tratarse de recursos públicos, pero ya existen casos exitosos tanto en Colombia como en el exterior. Singapur es un excelente ejemplo en este frente.

Y el sexto conjunto de acciones debe ir orientado a profundizar la formación ética de los colombianos en general y los funcionarios públicos en particular. La formación general, complementando la brindada en el hogar, debe darse a través del sistema educativo y los medios de comunicación a lo largo de toda la vida. Y la formación particular de los funcionarios públicos puede darse con periodicidad anual por medio de las Oficinas de Control Interno, Procuraduría, Contraloría y Comisiones Independientes en temas como prevención de corrupción y conflictos de interés, ejercicio de la función pública, régimen disciplinario y ética en el servicio público. Un excelente ejemplo lo ofrece la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong (ICAC).

¿Qué otras causas de las influencias indebidas o falta de meritocracia en la ocupación de cargos públicos se te ocurren? ¿Qué otras ideas propones para mejorar el acceso y motivación de talentos hacia el ejercicio de funciones públicas?

Categorías:Español, Political Development

Etiquetas:Carrusel de la Reelección, Corrupción, Meritocracia, Participación Política, Sector Público