El desarrollo de un país es un proceso, no solo un fin. Para que sea exitoso, este proceso debe involucrar tanto la dimensión económica, como las dimensiones política, social y ambiental. Así mismo debe combinar la acción del Estado, del mercado y de la sociedad. Sobre esto último el profesor José Antonio Ocampo (2012) señala: «Intentar avanzar sin el Estado lleva a resultados inestables o injustos. Intentar suprimir los mercados conduce a graves ineficiencias y a la pérdida de dinamismo. E intentar ignorar a los actores sociales, que juegan un papel esencial en los niveles nacional y local, impide la legitimidad necesaria para la formulación exitosa de políticas.» Igualmente, este proceso debe ser normado y liderado por instituciones políticas y económicas fuertes e inclusivas.

El objetivo del desarrollo debe ser la mejora de la calidad de vida y del bienestar de los miembros de la sociedad hasta llegar a un nivel en el que todos puedan disfrutar y ejercer plenamente sus derechos y sus libertades, de forma sostenible. En este sentido comparto la visión del desarrollo como libertad de Amartya Sen (2000), quien dice que «la ampliación de las libertades que tenemos razones para valorar no sólo nos hace la vida más rica y sin restricciones, sino también nos permite ser personas sociales más plenas, ejercer nuestra voluntad e interactuar con (e influir en) el mundo en el que vivimos.»

La libertad implica tanto los procesos que permiten la libertad de acción y decisión, como las oportunidades reales que tienen las personas (Sen, op. cit.). Sen sostiene que el éxito de la sociedad debe ser evaluado principalmente por las libertades de las que sus miembros gozan y sugiere trabajar en cinco áreas: las oportunidades sociales (educación, salud, etc.), la seguridad de protección (seguros contra el hambre y la muerte, la red de seguridad social), los servicios económicos, las libertades políticas y las garantías de transparencia.

En este marco, un desarrollo «inclusivo» es aquel que logra que los frutos de este proceso y las instituciones que lo norman se traduzcan en derechos garantizados y en libertades ejercidas por todos los miembros de la sociedad, incluyendo a los más vulnerables y a las minorías, y no solo a las élites políticas, a las élites económicas o a las etnias dominantes.

Instituciones inclusivas para un desarrollo inclusivo

Las instituciones fuertes e inclusivas son claves para lograr un desarrollo que beneficie a todos. Las razones son ampliamente expuestas por los profesores Acemoglu y Robinson en su último libro «Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza» (2012). ¡Se los recomiendo!

Las instituciones son el conjunto de mecanismos como reglas (p. ej.: la Constitución, códigos, leyes, decretos presidenciales y ordenanzas municipales), entidades (privadas y públicas de escala local, departamental, nacional o internacional) y costumbres consideradas importantes para una sociedad y que ordenan el comportamiento de sus miembros (Wikipedia, 2013). Las mismas se pueden clasificar en instituciones políticas y económicas, entre otras.

Por una parte, las instituciones políticas determinan quién tiene poder en la sociedad, para qué fines y cómo puede ser utilizado. Si en una sociedad el reparto del poder es restringido a unos pocos y es ilimitado, esto quiere decir que sus instituciones políticas son absolutistas y similares a las de Estados gobernados por reyes y por dictadores militares. Si las instituciones políticas son inclusivas, las mismas permiten que personas distintas, con intereses y objetivos diferentes, influyan y/o tomen las decisiones sobre cómo estructurar la sociedad. No concentran este poder en unos pocos. (Acemoglu y Robinson, 2012)

Por otra parte, las instituciones económicas inclusivas proveen y garantizan oportunidades económicas y derechos de propiedad no solamente para una élite, sino también para la mayor parte de la sociedad. Lo opuesto a esto son las instituciones económicas extractivas. Se denominan así porque «tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto.» (Acemoglu y Robinson, op. cit.)

Como podrán suponer, los diferentes tipos de instituciones están relacionadas entre sí. Generalmente cuando hay instituciones políticas absolutistas, quienes ejercen el poder suelen establecer instituciones económicas extractivas para enriquecerse y aumentar su poder a costa de la sociedad.

Por lo anterior, es clave trabajar por el fortalecimiento de instituciones inclusivas, que repartan ampliamente el poder en la sociedad, que limiten el ejercicio arbitrario del mismo y que participen a las mayorías del progreso económico. En general, que propendan por un proceso de desarrollo integral e inclusivo.

Igualdad de ingreso versus igualdad de acceso a bienes públicos, oportunidades y derechos

El debate y los indicadores sobre exclusión e inequidad tradicionalmente se han centrado en la desigualdad de la distribución del ingreso entre los miembros de una sociedad. Uno de estos indicadores de desigualdad, ampliamente referenciado, es el índice de Gini. Este índice tiene un rango de 0 a 100 para medir el grado en que la distribución de los ingresos o los gastos de consumo de los individuos u hogares dentro de una economía se desvía de una distribución perfectamente igual. Así, un índice de Gini de cero representa la igualdad perfecta, mientras que un índice de 100 indica una desigualdad perfecta (Banco Mundial, 2013). Colombia registró un Gini de 0,56 en el año 2010 (DANE, 2012). Cuando se compara con otros países, este es un Gini alto que representa una sociedad bastante desigual (sobre este tema da una mirada a mi post «El reto fundamental de acabar la pobreza.»)

Sin embargo, para mejorar la calidad de vida de la gente es más efectivo partir de un acuerdo sobre los derechos y libertades humanas que hay que garantizar y enfocar los objetivos, recursos y acciones en mejorar la cobertura y la calidad de los bienes públicos que garanticen los mismos. Los bienes públicos incluyen servicios como la educación, la salud, la justicia, la seguridad, el transporte, los seguros sociales de desempleo y de pensión, e infraestructuras físicas públicas como las vías, los parques y las ciclo-rutas, entre otras.

Aspirar a que todos ganen lo mismo puede ser utópico. Ello teniendo en cuenta que no todas las personas tienen los mismos valores, competencias o deseos de profesión; emprendimiento o dedicación de tiempo al trabajo; o que no todos los sectores de la economía tienen la misma estructura, rivalidad de competencia y rentabilidad. En este sentido, en vez de aspirar a que todos tengan el mismo nivel de ingreso o que la sociedad tenga un índice de Gini cercano a cero, para mí es preferible esforzarse porque todos consigan poder pagar con los frutos de su trabajo o consigan disfrutar sin costo, gracias a la provisión por parte del Estado, los bienes públicos que les garanticen sus derechos.

En otras palabras, en vez de aspirar a que todos ganemos varios millones de pesos mensuales es preferible aspirar a que todos (independiente de que ganen un salario mínimo de COP$ 660.000 o no) puedan caminar en paz por la calle; tengan acceso a justicia rápida cuando se les presenten conflictos con otros; sean atendidos por personal médico especializado con calidez, oportunidad y calidad cuando lo necesiten e independiente de que puedan pagar o no; puedan transportarse a donde quieran de forma conveniente y segura; puedan acceder a una vivienda digna; puedan acceder a educación primaria, secundaria y superior de alta calidad para ellos y para sus hijos; puedan descansar y disfrutar de su tiempo libre en parques cercanos o en un concierto de su preferencia; o puedan tener un seguro o subsidio en situaciones en que pierdan sus medios de subsistencia como en el desempleo, en la vejez o en los primeros meses de la maternidad o la paternidad.

Bernardo Toro de la Fundación Avina en Colombia expresó bien este punto en una entrevista reciente con la revista colombiana Semana (2013): «La equidad no depende del dinero, sino de la cantidad y la calidad de bienes públicos que la sociedad tenga, y uno de nuestros problemas es que no hay suficientes bienes públicos en Colombia. Están corporativizados.» Así mismo, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, durante el Día Mundial de la Justicia Social en el año 2011 nos recordó a todos que el sistema multilateral debe colaborar en una misma línea de políticas – denominado el «Piso de Protección Social» – para promover un objetivo muy claro: “nadie debería vivir por debajo de un nivel de ingresos determinado, y todo el mundo debería gozar de acceso a servicios públicos esenciales como el agua y el saneamiento, la salud y la educación.” (OIT, 2011)

Empero los programas focalizados en la población más pobre y vulnerable pueden ser complementos útiles de las políticas universales (esto es, aquellas que buscan que los bienes públicos y la garantía de los derechos lleguen al 100% de la población), nunca deben ser sus sustitutos. Es claro que los recursos son escasos y que hay que comenzar y ponernos de acuerdo en el alcance de un «Piso de Protección Social.» Un buen punto de partida y descripción del alcance de un piso de protección social es provisto por el informe del grupo consultivo presidido por la ex-presidenta chilena Michelle Bachelet y convocado por la OIT con la colaboración de la OMS (2011, op. cit.). No obstante, el objetivo debe ser avanzar hacia la garantía universal de los derechos y de las libertades humanas.

Los derechos y libertades que hay que garantizar

¿Y cuáles son las principales convenciones sobre los derechos de la gente que hay que garantizar? Entre otras, hay dos claves: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la Constitución Política de Colombia (1991). He aquí un resumen de los principales derechos que establecen y los respectivos artículos donde se encuentran por si te interesa leerlos:

Así las cosas, una estrategia de desarrollo robusta debe partir de las necesidades del ser humano, centrándose en la garantía de sus derechos y libertades. Igualmente, en relación con los bienes y servicios públicos que los garanticen, deben proponer metas y acciones tendientes al aumento de la cobertura hasta el logro de la universalidad, la mejoría continua de su calidad e la innovación constante. Todo ello con base en estándares de calidad claros y en mejores prácticas internacionales adaptadas a la realidad nacional.

En el mismo sentido, los planes de desarrollo de las naciones, de sus provincias o departamentos y de sus municipios deben proponer metas y acciones que reflejen la construcción de un piso de protección social y el avance gradual en la cobertura y en la calidad de los bienes públicos hasta lograr coberturas universales. Es decir, que la garantía de los derechos y de las libertades lleguen a todos.

Referencias

1. Ocampo, José Antonio (2012). «Candidato a la presidencia del Banco Mundial habla sobre los desafíos del cargo.» Períodico EL TIEMPO. Colombia, 6 de Abril de 2012. [http://www.eltiempo.com/economia/negocios/jose-antonio-ocampo-dice-hac_11513821-4]

2. Sen, Amartya (2000). «Desarrollo y libertad.» Editorial Planeta.

3. Wikipedia (2013). «Institución.» [http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n]

4. Daron Acemoglu y James A. Robinson (2012). «Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza.» Deusto, Grupo Planeta.

5. Banco Mundial. Indicadores de Desarrollo Mundial. «Índice de GINI.» [http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI]

6. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2012). Seminario técnico sobre nueva metodología para la medición de la pobreza monetaria en Colombia. «Resultados Recientes: Pobreza Monetaria en Colombia 2002-2010.» Bogotá, marzo 14 de 2012.

7. Toro, Bernardo (2013). Entrevista «Los Pecados de la Élite Empresarial.» Revista Semana. [http://www.semana.com/100-empresas/articulo/los-pecados-elite-empresarial/342799-3]

8. Organización Internacional del Trabajo, OIT (2011). «Piso de protección social para una globalización equitativa e inclusiva.» Informe del grupo consultivo presidido por Michelle Bachelet convocado por la OIT con la colaboración de la OMS. Ginebra – Suiza, 2011. [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_176521.pdf]

9. Organización de las Naciones Unidas (1948). «Declaración Universal de Derechos Humanos.» [http://www.un.org/es/documents/udhr/]

10. Secretaría del Senado de la República de Colombia (1991). «Constitución Política de Colombia.» [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html]

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