“Al que se porte mal hay que sacarle tarjeta roja”

Luego de las reuniones con las ramas del poder público, el presidente Juan Manuel Santos, en una alocución de 20 minutos, anunció las principales medidas de carácter legal que asumirá su gobierno para enfrentar la crisis en la justicia, estallada por el escándalo del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt.
 
Santos dijo que la solución a esta crisis se hará dentro la misma institucionalidad. Pidió no satanizar a las instituciones y aclaró que no comparte las ideas de revocar a todos los magistrados o la de alentar la convocatoria de una asamblea Constituyente como lo propusieron las FARC desde Cuba. “No vamos a dar un salto al vacío”.
 
Tampoco permitirá, dijo Santos, pretender reemplazar el Estado de Derecho por un Estado de opinión donde prevalezca el que más ruido hace.
 
En las actuales circunstancias, en primer término, lo que procede es que las instituciones actúen y por eso pidió a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación que obren con sentido de responsabilidad y aceleren las investigaciones y que lleguen hasta las últimas consecuencias, investigando a todos a quienes recaiga cualquier sospecha. “Al que se porte mal hay que sacarle tarjeta roja”, dijo el mandatario.
 
Aparte de eso anunció varias reformas para despolitizar la justicia, tal y como lo anticipó Semana.com, pues en su discurso lo mencionó como la principal causa de la actual crisis. “Hay que romper, de una vez por todas, el cordón umbilical entre la política y la justicia, que tanto daño ha hecho. Esa es tal vez la mayor falencia”.
 
Para ello en la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes que está a consideración del Congreso se va a asegurar de que la política no participe en la selección de magistrados y jueces, y que estos no intervengan en la designación de los altos funcionarios del Estado con representación política.
 
“En adelante la meritocracia debe ser el procedimiento para seleccionar a los magistrados, y que sean las propias cortes quienes los designen, sin consideraciones políticas ni partidistas”.
 
Los jueces tampoco seguirán participando en la elección del contralor general o de los contralores departamentales, y habrá que discutir que tampoco lo hagan en la designación del procurador general de la Nación y el registrador nacional del Estado Civil. “Porque queremos jueces que se concentren en juzgar y que no se distraigan en funciones electorales”.
 
En cuanto a las postulaciones de magistrados que le corresponderá hacer, Santos se comprometió a poner en práctica la autorregulación para que quienes sean elegidos sean los más capaces, probos, éticos…
 
Anunció un decreto de autorregulación para dar transparencia y visibilidad al mecanismo de selección de  magistrados, con participación de la sociedad civil.
 
“En la reforma constitucional en trámite estamos proponiendo reemplazarla por un Tribunal de Aforados con más facultades, con más dientes para hacer su tarea. Y no será un tribunal que sólo investigue, sino que acusará directamente ante el Congreso en pleno a los funcionarios aforados, con el fin de agilizar el proceso. Y el Congreso, en un término perentorio, evaluará la conveniencia de dar trámite a la acusación. Y ¿cómo será ese Tribunal de Aforados? Será un Tribunal técnico elegido por un concurso de méritos, compuesto por personas idóneas en las labores de investigación”.
 
Santos también se comprometió a corregir y mejorar la administración de la Justicia. Para ello, en la reforma se eliminará el Consejo Superior de la Judicatura y se sustituye por un nuevo modelo de administración en el que se conserva la presencia de las altas Cortes en un órgano colegiado que fijará las políticas de la rama. Y se deja toda la administración en una gerencia que se pretende sea fuerte, responsable y profesional.
 
Paralelamente se creará una Dirección de la Magistratura, que se encargará de administrar la carrera judicial y los concursos de mérito de donde saldrán los nombres de magistrados y jueces.
 
La cuarta fórmula es acabar con la llamada “puerta giratoria” en que los magistrados saltan de una corte a otra. Vamos a garantizar –en este sentido– que quienes hayan sido elegidos para una magistratura no puedan luego votar para elegir a aquellos que intervinieron en su designación”. Así se garantiza que en esas elecciones no participen personas que llegaron a sus posiciones con el voto de uno de los aspirantes al nuevo cargo. “En otras palabras, se acaba el 'yo te elijo, tú me eliges'”.
 
La quinta fórmula, que quienes lleguen a magistrados sean los mejores, los de más experiencia, los que tengan un recorrido profesional suficiente para ejercer tan alta responsabilidad. “Para eso vamos a proponer aumentar a 20 años el requisito de experiencia profesional para ser elegido magistrado”.

Santos anunció otras medidas aparte de la reforma de poderes, y nuevos proyectos de ley y hasta decretos para que las mismas Cortes puedan autorregularse y disciplinarse.
 
Uno de ellos es un proyecto de ley estatutaria, con mensaje de urgencia, que permita que los reglamentos de las corporaciones judiciales suspendan, como medida cautelar, a sus propios magistrados cuando se encuentren en una situación patente de indignidad.
 
También es necesario que la Corte Constitucional avance en la modificación de sus reglamentos para garantizar que la revisión de tutelas se oriente principalmente al amparo de los derechos fundamentales de los sectores sociales más necesitados.
 
“Algunos han identificado que parte de los escándalos tienen que ver con la tutela contra sentencias, que genera inseguridad jurídica y el llamado 'choque de trenes', y que expone a la Corte Constitucional a presiones indebidas. Por eso estamos promoviendo medidas para racionalizar la tutela contra sentencias, evitando que se afecte la gran confianza que hoy tienen los colombianos en este mecanismo”.
 
Tampoco, dijo el mandatario, se permitirá en adelante desfiles de abogados visitando las altas Cortes para tratar de influir en las decisiones de los magistrados. Para evitarlo, el Ministerio de Justicia presentará un proyecto de ley en el que se redoblará la prohibición de cabildeo judicial y se señalarán severas consecuencias por su incumplimiento.
 
Igualmente, es muy importante que las sentencias de la Corte Constitucional se publiquen a más tardar dentro de los tres días siguientes a la decisión respectiva, pues las demoras en su expedición crean espacios para la intriga.
 
Por ello, instó a la Corte para que modifique sus reglamentos en este sentido, además de que se tomen las medidas necesarias para que las sentencias –en esta o cualquier otra Corte– no se filtren antes de su publicación oficial.
 
Santos también envió un mensaje a los abogados sobre la moral en el ejercicio del Derecho, pues en su correcta aplicación, dijo, “se basa la operatividad y la pulcritud de nuestras instituciones”.