El juez sentará en el banquillo a Castedo por 'amañar' el urbanismo

El juez también procesará a Alperi y a Enrique Ortiz por el presunto amaño del PGOU L El auto se materializará antes del verano

La justicia considera que ambos políticos favorecieron al empresario a cambio de regalos

Sonia Castedo, su mentor Luis Díaz Alperi y Enrique Ortiz -el empresario que ha confesado que inyectó dinero negro al PP valenciano a cambio de contratos millonarios- se sentarán en el banquillo por el presunto amaño del mapa urbanístico de Alicante. Según fuentes de toda solvencia, el juez les abrirá juicio oral por beneficiar al promotor a cambio de regalos y lo hará antes del verano después de seis años de instrucción.

El magistrado Manrique Tejada, revelan las mismas fuentes, ultima el auto de procesamiento y se inclina por conducirles a la sala de vistas, concretamente a la Audiencia Provincial de Alicante. El documento, precisan las mismas fuentes, se sustenta en los potentes indicios contra Castedo, Alperi y Ortiz que se desprenden de la larga y continuada investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía.

Los agentes siempre han colocado a ambos políticos como el epicentro de una trama que desde el Ayuntamiento de Alicante favorecía los intereses privados del constructor a cambio de dádivas. Un viaje en jet privado a Creta en el caso de él y unas vacaciones en Andorra en el de ella.

Además, los investigadores también abundan, en los informes de los últimos años, en que los políticos ejercieron su poder para intentar influir en el trabajo de los técnicos municipales. Todo para favorecer los negocios del promotor.

El juez, según las mismas fuentes, valida el trabajo policial y halla comportamientos delictivos en los tres. Castedo y Alperi están imputados por cohecho y por revelación de información privilegiada. Ortiz, por cohecho y por tráfico de influencias.

Las múltiples conversaciones interceptadas por la Policía e incorporadas a la causa han revelado a lo largo de estos años que Castedo y Alperi redactaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante al dictado de Ortiz, siguiendo sus deseos. La cercanía entre ellos era un hecho.

Asimismo, la investigación indica que adaptaron seis planes urbanísticos a los intereses del promotor. Y destaca que, sobre la base de información secreta, Enrique Ortiz acaparó suelo protegido para permutarlo por urbano. La Policía cifró este pelotazo en 120 millones.

La instrucción dirigida por Tejada está ya en su fase final y el futuro inmediato de los tres pasa por el juicio en este asunto. El auto de procesamiento llegará antes del verano, tal como confirman las mismas fuentes consultadas. No es la primera vez que el instructor sigue este criterio. Ya en su escrito de 2012 elevando el asunto al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), dada la condición de diputados autonómicos de entonces de Castedo y Alperi, alertaba del hallazgo de indicios delictivos en el comportamiento de los imputados.

«Indiciariamente resulta la percepción y/o solicitud de dádivas por parte de los aforados -Castedo y Alperi- por la comisión de un acto cuando menos injusto, pues merced a las mismas, los aforados facilitaron información que no debía ser pública relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante e incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular (Ortiz), prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés particular», expuso el magistrado en su escrito de motivación razonada remitido al Alto Tribunal autonómico.

«Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado», añadía.

Casi cuatro años después y, según la información recabada por este periódico, el criterio del magistrado sigue siendo el mismo. La pieza del PGOU de Alicante es una de las tres ramas clave del caso Brugal, junto con la contrata de la basura de Orihuela a favor del polémico empresario Ángel Fenoll, y el supuesto soborno de Fenoll y Enrique Ortiz al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll para adjudicarse la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja por esta última causa, Anticorrupción solicita 16 años de prisión para Ripoll y otros 17 para Ortiz.

La rama del caso Brugal referente al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha dado varios tumbos desde que el asunto salpicara a Castedo, Alperi y Ortiz.

La causa comenzó a instruirse en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante -el mismo desde donde saldrá lista para el juicio- pero saltó al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) por la condición de aforados de la ex alcaldesa y de su predecesor. El juez Manrique Tejada la elevó al Alto Tribunal autonómico tras apreciar indicios de delito y allí el magistrado Juan Climent respaldó sus tesis.

Las cosas se le pusieron cuesta arriba a Castedo. Tanto como en Alicante. Los dos jueces compartían criterios y avanzaban en la misma dirección.

En julio de 2012, Tejada remitió el asunto a Valencia. Investigaba la causa desde 2010. La Sala Civil y Penal del Alto Tribunal autonómico nombró instructor a Climent que en apenas tres meses imputó a la ex alcaldesa por los mismos delitos que su homólogo alicantino.

Castedo y Alperi volvían a estar contra las cuerdas. El fin de la instrucción en el TSJCV habría supuesto un juicio casi inmediato. De esta manera, ambos decidieron jugar sus cartas. Otra vez. Los dos renunciaron a sus aforamientos y entregaron sus actas de diputados autonómicos. La competencia ya no era del TSJCV. Habían vuelto a ganar tiempo. Era mayo de 2014.

El asunto regresó a Alicante, al mismo juzgado del que partió dos años antes, a las manos del mismo juez al que tanto había criticado Castedo. Juan Climent había ordenado nuevas diligencias, con lo que el magistrado tuvo que ponerse al día.

Las defensas lo iban a poner difícil como así ha sido en este tiempo. No estaban dispuestas a que la causa avanzara. Desde entonces han llovido recursos.

El magistrado reactivó las declaraciones, requirió informes a la Policía y continuó con su trabajo. En los últimos meses, ha dictado autos de sobreseimiento provisional de las diligencias para muchos de los imputados en la causa al entender que las pesquisas no han confirmado los indicios delictivos por los que fueron imputados.

En este tiempo de instrucción, Los letrados de la ex alcaldesa de Alicante y de Enrique Ortiz han intentado por activa y por pasiva conseguir un archivo. Pero no ha llegado.