En el último pleno surgió, como era de prever por las fechas en que nos encontramos, la polémica por la subida del IBI y también como no podía ser de otra forma de la mano del portavoz y exalcalde del PP Salvador Aguilella.
Después, vino la correspondiente nota de prensa a cargo de la concejala del PP Carmina Ballester, exedila de Hacienda del ayuntamiento de Onda, y también del portavoz del PP Salvador Aguilella, esta vez utilizando su cargo institucional de Diputado Provincial responsable del servicio de recaudación.
Y he aquí lo que han dicho: “El cuatripartito de Onda ya ha decidido subir los impuestos municipales a todos los vecinos de Onda en 2016. A través del decreto de alcaldía nº 1.492 han solicitado al Catastro que incremente los valores de todos los bienes inmuebles de la ciudad», y también que “en apenas unas semanas, el cuatripartito está dispuesto a tirar por la borda todos los beneficios fiscales que desde el PP pusimos en marcha y perjudicar a todos los ondenses subiendo los impuestos”.
¿Pero que se esconde tras esta supueta verdad (la del decreto de la Alcaldía 1.492)?:
* Por un lado la Circular 47/2015 Asunto: Ley 13/2015 – Modificación en la regulación de los suelos urbanizables de la FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (todavía en manos del PP), en la que se da instrucciones a los ayuntamiento para que puedan realizar las modificaciones previstas en el artículo 32.2.c del texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario (Ley aprobada por el gobierno del PP y de la que el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ya anunció en el año 2014 que iba a suponer una revisión de los valores catastrales de los municipios y que previsiblemente serían al alza al establecer que debían alcanzar el 50% del valor de mercado), con el siguiente literal: «en relación con los plazos para la solicitud de aplicación de coeficientes de actualización de valores catastrales previstos en el artículo 32.2.c) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, recordar que si el Ayuntamiento tiene una Ponencia de valores aprobada antes del año 2002 o entre el año 2004 y 2009, puede solicitar la actualización de valores catastrales mediante la aplicación de los coeficientes (al alza o a la baja) que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, y así acercarlos al entorno del 50 por 100 del valor de mercado inmobiliario, que es la referencia deseable de acuerdo con la normativa vigente.»
De lo que se desprende claramente que la posible subida de los valores catastrales no es imputable a los ayuntamientos sino al gobierno del Partido Popular y a su Ministro de Hacienda, lo que hace más reproblable las declaraciones de los portavoces del PP de Onda al pretender imputar al actual alcalde una subida que ha decretado vía legislativa el mismo Partido Popular a través del Gobierno del Estado.
Más escandaloso si cabe es la frase maldita hecha pública por la concejala del PP Carmina Balleste al decir sin ningún rubor que “en apenas unas semanas, el cuatripartito está dispuesto a tirar por la borda todos los beneficios fiscales que desde el PP pusimos en marcha y perjudicar a todos los ondenses subiendo los impuestos”, ya que fué precisamente el PP y concretamente la concejala Carmina Ballester cuando ocupaba la concejalía de Hacienda del ayuntamiento de Onda en la anterior legislatura la que en el año 2011 aprobó una subida del 10% del IBI a partir del año 2012 y que los ondenses tuvieron que pagar hasta que en el 2015, y por motivos electorales, volvió a rebajar ese 10% del IBI que previamente había subido, con el resultado de que los ondenses durante los años 2012, 2013 y 2014 han pagado un 30% más de IBI de lo que pagaban hasta el año 2011. Entonces, ¿de qué «beneficios fiscales» habla la concejala del PP?.
Pero esto no es todo, la concejala del PP todavía va más lejos en «su verdad· y dice lo siguiente: «El PP de Onda solicita que el Ayuntamiento aplique la rebaja del IBI a todas las zonas urbanizables. La edil ha instado a que “por justicia y para equilibrar este afán recaudatorio de Huguet y sus socios” apliquen la nueva Ley 13/2015 del mes de junio y que permite modificar en el Catastro los valores de los solares que están en suelo urbano pero que se han quedado sin un desarrollo urbanístico, “condicionado sólo a que el Ayuntamiento lo solicite”. De esta forma, estos solares pasarían a ser considerados rústicos, sólo a efectos catastrales, lo que supone una bajada de impuestos para estos vecinos, sobre todo en el IBI urbano.»
Veamos qué se esconde tras esta «verdad»:
En el año 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirmó la interpretación del artículo 7.2b del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI) en la que se establecía que «los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica”. Con esta sentencia el Gobierno del Estado, se veía obligado a modificar la valoración catastral de todos estos inmuebles. Pero he aquí que este gobierno en manos del Partido Popular no estaba dispuesto a permitir este beneficio general para los ciudadanos, por lo que la Abogacía del Estado presenta un recurso contra esta sentencia (número de recurso 2362/2013), recurso que es desestimado por el Tribunal Supremo en sentencia del 30 de mayo de 2014.
A la vista de esta sentencia, y visto que el gobierno del Partido Popular no estaba dispuesto a aplicarla de forma inmediata, la Defensora del Pueblo en esta misma fecha formuló una recomendación en la que instó al Gobierno del PP a «Modificar la normativa de valoración de los suelos que no hayan alcanzado las características del suelo urbano, de modo que el valor de esos inmuebles se acomode a su valor real”.
Sin embargo, una vez más no es hasta junio de 2015, y sólo porque hay elecciones a la vista, que el Gobierno del Partido Popular aprueba la Ley 13/2015de 24 de junio publicada en el BOE del 25 de junio y de aplicación a partir del 26 de junio, en la que incorpora “el reciente criterio jurisprudencial que considera que los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica”.
Pero aún así, no lo hace tal cual establece la sentencia, sino que establece un cirterio de valoración catastral adicional para que el nuevo valor de estos terrenos, sin poder ser ya calificado como urbano, no lo sea tampoco como rústico sino que este valor pueda variar en función de la localización del inmueble.
Esto pone blanco sobre negro que es precisamente el Partido Popular desde el Gobierno del Estado quien ha estado obstaculizando hasta el último momento la aplicación de la sentencia de mayo de 2013. Con todo, esta modificación catastral de los terrenos no urbanizados entrará en vigor sí o sí en enero de 2016.
Estos hechos ponen una vez más al Partido Popular y a sus concejales de Onda en evidencia y dejan al descubierto sus falsas verdades, cuando se puede ver que no es el Alcalde de Onda ni los partidos que lo apoyan quienes obstruyen la aplicación de dicha sentencia, sino que es precisamente el mismo Partido Popular el único causante de que no se haya aplicado ya en el año 2013. Además queda claro, tanto por la sentencia antes referida como por la Ley 13/2015 que será de aplicación en enero de 2016 y no precisamente por la oportunista y torticera intervención del portavoz del PP de Onda Salvador Aguilella.
La conclusión es pues clara después de comprobar los hechos documentados y la legislación vigente: ha sido el PP de Onda y su exalcalde Salvador Aguilella quien subió el IBI en el 2011, y asímismo también ha sido el Partido Popular desde el Gobierno del Estado quien ha impedido que la sentencia sobre la aplicación del valor catastral como rústico a los inmuebles no urbanizados no se haya producido en el año 2013 y tenga que hacerse en el 2016 y por imperativo legal.
cronicaondense.wordpress.com 