El Agujero Negro de la Democracia

El retorno a la democracia fue condicionado por los mismos grupos económicos que habían hechos pingües negocios con las cúpulas militares y que con su poder de fuego (dinero) impusieron, en sucesivos gobiernos democráticos, a ex funcionarios de la dictadura.
Por Lázaro Llorens

Corría el año 1983. Todas las encuestas indicaban que el candidato Raúl Alfonsín no levantaba vuelo frente al peronista Ítalo Lúder, cuya fuerza creía que las elecciones serían solo un trámite. De pronto, el “Gallego” Alfonsín, a la par que denunciaba un pacto sindical-militar, irrumpió en la escena política con una onerosa campaña, apuntalada desde la televisión, nunca antes vista, basada en la pacificación, que le permitió al candidato radical en poco tiempo revertir los números y sentarse en el sillón de Rivadavia. Esta campaña, que según el politólogo Luis Alberto Quevedo dio nacimiento a “una nueva comunicación” donde “un político muy típico del siglo XX, de la tradición del comité confió en la comunicación política televisiva y en la publicidad como herramienta”, fue lo que le terminó dando el triunfo al candidato radical. Estuvo a cargo de los reconocidos publicistas David Ratto y Gabriel Dreyfus, inventores del slogan “Ahora Alfonsín”, el óvalo con la sigla RA y del famoso gesto de las manos unidas en señal de victoria para lo cual Dreyfus le sugirió a Alfonsín que se quitara su Rolex de la muñeca. ¿Quién la financió? Sorpresa: los capitanes de industria y, sobre todo, el sector petrolero encabezado por las empresas multinacionales Shell, Exxon, y las nacionales Bridas, Astra, Pérez Companc, Techint, Macri entre otros, que durante la última dictadura militar, habían obtenido jugosos contratos con la famosa “privatización periférica de YPF” y que debían ser ratificados por quien resultase ganador de las trascendentales elecciones presidenciales. Su mentor había sido el general Guillermo Suárez Mason, interventor de YPF, ex empleado de Bridas (del empresario Carlos Bulgheroni de buenas migas ahora con el kirchnerismo), luego condenado por delitos de Lesa Humanidad. El negocio consistía en entregarle a Bridas, Astra, Pérez Companc y otras compañías unas 33 áreas que YPF había desarrollado, para que extraigan el petróleo y luego se los vendieran a la misma YPF, con notables sobreprecios estimados en 416 millones de dólares. Estos contratos fueron renegociados, con amplios beneficios para las empresas petroleras en 1983, por el general Reynaldo Benito Antonio Bignone –último presidente de facto, también condenado por delitos de Lesa Humanidad– y su secretario de Energía Alieto Guadagni. En dicha renegociación se incluyó una cláusula condicional que dejaba “ad referéndum” del futuro gobierno democrático la continuidad de los contratos” de YPF. El ganador de esas elecciones, el “padre de la democracia”, ni bien arribó a la Presidencia, a la par que procuraba juzgar las Juntas Militares, ratificó con creces los contratos de “privatización periférica de YPF” a favor de Bridas, Astra, Pérez Companc y otras. Este acuerdo, a su vez incluyó la incorporación de funcionarios que habían ocupado importantes cargos durante el Terrorismo de Estado como Mario Brodershon, secretario de Hacienda del general Bignone, y José Luis Machinea, ex secretario de Finanzas del Banco Central. En Córdoba, las dinámicas no fueron diferentes cuando en 1987, el actual gobernador José M. de la Sota y su “Peronismo Renovador” decidió incorporar en el tercer lugar de la lista de diputados nacionales a Domingo Felipe Cavallo, ex presidente del Banco Central durante la dictadura, artificie de la deuda externa argentina y titular en ese entonces de la Fundación Mediterránea – una organización financiada por los principales capitanes de Industria de Argentina como Arcor, AGD, Astori, que en su acta fundacional había respaldado públicamente al gobierno de las botas–. Esta incorporación no fue gratuita. Según conocidas denuncias, el ingreso de Cavallo al peronismo fue a cambio de un millón de dólares que habrían salido de la Fundación Mediterránea para solventar la campaña de De la Sota, que ese año obtuvo el 44% de los votos muy cerca de Eduardo Angeloz. “De la Sota siempre loteó los cargos para diputados nacionales, provinciales, o municipales. Y después de cada elección salía cada vez más rico” disparó ante Umbrales el siempre punzante senador Luis Juez del Frente de Acción Popular. “Cavallo pagó un millón de dólares. No sé si él o la Fundación Mediterránea dado que la venta de esta banca le trajo una alianza con el sector empresarial de Córdoba que hasta entonces De la Sota no la tenía” añadió.

Menem también lo hizo

En los noventa, con el menemismo, todo se desmadró. En el libro “Robo para la Corona” de Horacio Verbitsky, está relatado con lujos y detalles la manera en que en las campañas presidenciales de 1989, donde se enfrentaron Carlos Menem y el cordobés Eduardo Cesar Angeloz, fueron corrompidas desde su génesis por Bridas, Pérez Companc, y otros viejos “capitanes de industria” como Bunge & Born. “Un operativo de cooptación de Menem había comenzado junto con la campaña electoral. El 3 de enero de 1989 el vocero del candidato, Juan Bautista Yofre, quien desde 1986 daba periódicas charlas sobre temas políticos para directivos de Bunge & Born, acompañó en un vuelo privado a La Rioja al vicepresidente ejecutivo del holding, Néstor Rapanelli, y al encargado de los negocios petroleros de Pérez Companc, Oscar Vicente. Los representantes de los dos mayores grupos económicos del país llevaron a La Rioja dos inquietudes: la parte económica de la plataforma electoral y por qué vía canalizar los aportes financieros a la campaña sin pasar por ávidos bolsillos intermediarios” detalla Verbitsky “

Al igual que con Alfonsín, con el menemato también reaparecieron varios nombres que habían ocupado cargos estratégicos durante la dictadura. El más destacado fue el cordobés Cavallo

El holding (Bunge & Born) apostaba a los dos partidos, aunque no en la misma proporción. Contribuyó con 3 millones de dólares a la campaña del peronismo y con 2 a la de la Unión Cívica Radical (Angeloz)” añade el conocido periodista de Página 12, quien concluyó: “Barrionuevo precisó que el menemismo había recibido en total 8 millones de dólares de los empresarios e identificó a cuatro aportantes: Bunge & Born, Loma Negra y Pérez Companc con 700.000 dólares cada uno; Macri con 600.000 y una docena de autos Fiat; Supercemento (de Tonino Macri, el hermano de Franco) con 600.000 dólares, y Bridas con 500.000 dólares”.

No hace falta dar detalles de la política absolutamente a favor de los grandes grupos económicos que llevó adelante Menem, ganador de la elecciones de 1989, durante su gobierno. La venta de YPF, las exportaciones de gas natural a Chile a precio ruin, la venta de las empresas del Estado, la disolución de la Junta Nacional de Granos, la renegociación de la deuda externa, la privatización del sistema jubilatorio, fueron solo algunas de estas políticas.

Asimismo, al igual que con Alfonsín, con el menemato también reaparecieron varios nombres que habían ocupado cargos estratégicos durante la dictadura. El más destacado fue el cordobés Cavallo, quien abandonó su banca de diputado que le había vendido De la Sota, para asumir, primero como canciller y luego como súper ministro de Economía y Obras de Servicios Públicos de Menem. Junto con Cavallo arribaron además, en las segundas líneas de su gobierno, el staff casi completo de la Fundación Mediterránea, que se encargó de materializar en los papeles todos los trascendentales cambios políticos que traía el “Mingo” y que estaban totalmente avalados por los grupos económicos. Como si fuera poco, por último, Guadagni, ex secretario de energía de Bignone, artífice de la renegociación de los contratos petroleros de YPF de 1983, también reapareció con el gobierno de Menem, nada más y nada menos como secretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación.

“La interna de la década”

Durante el menemato, todo fue grotesco. A punto tal que en 1993, en las internas del peronismo cordobés, donde se enfrentaron José M. de la Sota, Juan Schiaretti-Cavallo y el “mueblero” Julio Cesar Aráoz en listas diferentes, se conoció que De la Sota había recibido aportes de campaña, de su archienemigo Angeloz, mediante subsidios que debían ir para personas carenciadas. “Se libraron numerosos cheques supuestamente destinados a personas necesitadas por sumas que asilan entre 200 y 500 pesos. Sin embargo, aunque los cheques fueron confeccionados por computadora a nombre de distintas personas se les agregó a continuación, a mano la leyenda “O Herman Olivero” (actual funcionario De de la Sota) y fueron cobrados por éste” informó al respecto el diario La Voz del Interior. “De esta forma… se abrían arrimado fondos extras a la interna del justicialismo, realizada en agosto de ese año, por una suma que oscilaría en 80 mil pesos” añadió el diario cordobés sobre este surrealista hecho, que acabó en la Justicia con Olivero y otros delasotistas procesados. Para peor, las fuerzas políticas que se proponían como alternativa al menemato, tampoco eran ajenas a este tipo de prácticas. En 1997 se conoció que los principales aportantes de la Alianza (Frepaso-UCR) eran las familias Roca (Techint) y Santiago Soldati, presidente del Consejo Empresario Argentino y ex financista del PJ y Menem. También se conoció que esta fuerza política estaba buscando el apoyo financiero del húngaro George Soros y que su principal recaudador era Mario Brodershon, el mismo que había sido funcionario de la dictadura y Alfonsín. Por esta razón, la Alianza jamás pudo ser algo distinto al menemismo, dado que desde el arranque, esta fuerza estaba cooptada por los mismos grupos económicos que durante 20 años habían cooptado a Menem, Alfonsín y las cúpulas militares. Prueba de ello fue la efímera gestión del presidente De la Rúa (1999-2001) que arrancó a fines de 1999, con la designación de José Luis Machinea, ex gerente del Banco Central como ministro de Economía. Fue Machinea quien, abrazándose a la convertibilidad, bautizó el arribo de la Alianza con un durísimo ajuste en contexto económico absolutamente recesivo. El mismo implicó incrementos de los impuestos, reforma en las leyes de seguridad sociales y una polémica reforma de las leyes laborales más conocida como “Ley Banelco” famosa por las coimas que se habrían pagado para su votación en el Senado de la Nación. Como la crisis persistía, luego de aprobar la ley de flexibilización laboral, en marzo del 2001, De la Rúa, la supuesta contracara del menemismo, remplazó a Machinea por Domingo Cavallo, ex funcionario de la dictadura y de… ¡Menem! Este impensado ingreso no era casual ni mucho menos fortuito. Apenas desembarcó, Cavallo llevó adelante el famoso “Megacanje”, donde de un plumazo incrementó la deuda pública en 55 mil millones de dólares, beneficiando a los grandes bancos encabezados por el JP Morgan, hecho por el cual el economista cordobés aún hoy está procesado por la Justicia Federal. Lo siguió el recorte de los salarios públicos y jubilaciones, su célebre “corralito”, un nuevo canje (Préstamos Garantizados) y el vaciamiento del Banco Central por 20 mil millones, donde quedaron atrapados miles de pequeños ahorristas. Todas estas políticas de Cavallo y De la Rúa, realizadas sin la más mínima sensibilidad social, fueron las que provocaron los estallidos sociales del 19 y 20 de diciembre que terminaron con Cavallo y el gobierno de la Alianza. Tras ellos, surgió el célebre “que se vayan todos”, slogan que resumía el altísimo cuestionamiento que había sobre toda la clase política Argentina. Por esta razón, ni lerdo ni perezoso, Eduardo Duhalde, que ocupó durante mas de un año el cargo de presidente que abandonó De la Rúa, en mayo del 2002, una de las primeras leyes que hizo aprobar en el Congreso en su corto mandato, fue la de Financiamientos de los Partidos –Ley N° 25.600–, la primera de este tipo en el país, que llegó casi 20 años después del retorno a la democracia.

La ley, la trampa

En su texto, esta ley, prohibía taxativamente los aportes anónimos de entidades gubernamentales, de empresas concesionarias de servicios públicos, de personas o empresas que exploten juegos de azar, de entidades extranjeras, de sindicatos y de entidades gremiales. A su vez, establecía que debía ser la Auditoría General de la Nación (AGN) la encargada de ejercer el control de esos aportes. Parecía una ley de avanzada, sin embargo, esta última cláusula, una de las más importantes, jamás se cumplió porque al momento de su promulgación, Duhalde, experto en campañas políticas, mochó todos los artículos que le conferían a la Auditoría General de la Nación (AGN) su rol de contralor –del 48 al 67– y se lo transfirió a los jueces federales con competencia electoral. De esta manera, la autoridad de control pasó de un grupo de funcionarios, de distintos partidos, expertos en control, a jueces (abogados) tapados de expedientes. Aun así, esta mochada ley fue abiertamente burlada por las propias fuerzas políticas, cuya principal función, paradójicamente, es velar la Constitución y la ley. En el 2010, un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) mostró vínculos financieros entre la llamada “mafia de los medicamentos” y la ruta de la efedrina en la campaña de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner del Frente para la Victoria. Esta fuerza, además, el año pasado fue denunciada de recibir aportes del “zar del juego” Cristóbal López, hoy propietario de varios medios de comunicación y socio de Marcelo Tinelli en Ideas del Sur productora del Grupo Clarín. En el 2010, también la Cámara Nacional Electoral sancionó al Frente Nuevo de Luis Juez, por recibir aportes de la cuestionada empresa Aguas Cordobesas concesionaria del agua potable de la ciudad de Córdoba. Por último, el año pasado, el fiscal Enrique Senestrari solicitó que se apliquen sanciones al PJ cordobés que lidera De La Sota, por los fondos que recibió este partido en las elecciones para diputado nacional del 2009 de parte de proveedores del Estado como Aldo Roggio, Mario Buttigliengo, Miguel Romero Camisa, Carlos Bergoglio (Electroingenieria) y Martín Amengual presidente de Regam y la Fundación Mediterránea. Así, luego de 30 años, la democracia jaqueada por los dineros que bancan las campañas de los partidos, aún sigue pidiendo auxilio, para que ahora que está hecha la ley, no se permita la trampa.

Escrito para Umbrales