Castilla y León ha incrementado en un 37,82 por ciento el número de personas dependientes atendidas por lo que se sitúa en tercera posición, por detrás de Aragón y Asturias, según las estimaciones del informe semestral correspondiente a 2017 y elaborado por el Observatorio de la Dependencia, que ha alertado de que en España casi 34.000 dependientes podrían fallecer este año sin recibir prestación.

Castilla y León ocupa la tercera posición en cuanto al incremento de personas dependientes atendidas, por detrás de Aragón, donde el incremento ha sido del 4,92 por ciento, y de Asturias, con una subida del 38,9 por ciento. Por detrás de Castilla y León se sitúa Castilla-La Mancha(+37,12) y Comunidad Valenciana (+34,96 por ciento).

De esta manera la Comunidad está por encima de la media nacional de nuevas personas dependientes atendidas, que es del21,79 por ciento,

un porcentaje que no superan Murcia, La Rija, Extremadura, Andalucía, Cantabria y Cataluña.

El documento hace alusión a los datos oficiales de los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD), derivada de la Conferencia de Presidentes, que señalann que en 2016 se produjeron más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.

En la rueda de prensa en la que se han presentado estos datos se ha puesto de manifiesto que en España "cada día fallecen no menos 100 dependientes sin recibir la prestación o servicio a la que tienen derecho" mientras que "120.000 grandes dependientes continúan sin ser atendidos".

Asimismo, destacan las casi 320.000 personas con pleno derecho a recibir prestaciones o servicios que aún se encuentran en "lista de espera", que en los dos años que han transcurrido desde la entrada de los Grado I ha sido de 123.000 personas, es decir, un 28 por ciento.

Teniendo en cuenta la gestión de los últimos doce meses, la lista de espera se ha reducido en todas las comunidades autónomas, aunque existen "diferencias territoriales que son acusadísimas" ya que mientras en Canarias la lista de espera es del 41,8 por ciento, en Castilla y León, la más baja, es del 1,4 por ciento de los afectados, es decir, 1.183 personas.

Los autores del estudio ven "muy preocupante" la situación de dos comunidades que califican de "sistémicas": Cataluña y Andalucía, ya que juntas atienden al 25,7 por ciento del total de atendidos en España pero su lista de espera supone el 57,4 por cienti del total del sistema (183.000personas pendientes de Plan Individualizado de Atención - PIA).

El Observatorio denuncia las repercusiones que esto provoca en clave de financiación ya que el actual Nivel Mínimo (recortado en 2012) hace que una comunidad autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 euros al mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 euros al mes y 177,86 euros al mes por dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente. Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente su atención resulte más costosa a las arcas autonómicas.

La asociación afirma que la razón del estancamiento en la reducción de la lista de espera para estos Grados "bien podría estar en la incapacidad financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a las personas con Grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste como la teleasistencia, muchas prestaciones de prevención y promoción de laautonomía o incluso la prestación económica por cuidados en el entorno familiar cuyo importe siempre es menos onerosa que la prestación de servicios personales o residenciales".