¿Investigación fiscal o puñal político?, porAlan García

Mis adversarios se desesperaban por incluirme en las delaciones y coimas de Lava Jato, pero no ocurrió, y ahora, usan la especulación para lanzar una grosera infamia vinculándome con una imaginaria “organización criminal”. Por seis años he asistido a 41 citaciones judiciales, fiscales o congresales, pero ante el carácter arbitrario y antijurídico de esta disposición fiscal, respondo, por mí y por mis hechos, lo siguiente:

A) No hay ningún hecho o dato objetivo sobre dinero o bienes que permita afirmar “enriquecimiento ilícito o lavado de activos”. Tras cinco años, la megacomisión concluyó que no existían. El fiscal de la Nación investigó mis ingresos y gastos y resolvió lo mismo en el 2013, como ya –en 1992– la Corte Suprema constitucional lo estableciera. Pero ahora, a falta de hechos míos, el fiscal declara, malévolamente, que podría ser el líder de una organización de personas a las que, en su mayoría, desconozco, o de empresas con las que jamás he tenido relación. Y para sustentar esa gratuita presunción declara, como en la Inquisición: “No es necesario que el líder tenga trato intersubjetivo o que conozca plenamente a los demás miembros”.

B) No existe ningún testimonio o delación contra mí, pero el fiscal argumenta que eso es porque “existiría una vocación de silencio, castigándose cualquier acto de traición con un código de honor como el de la Camorra”, y porque “habría una coordinación de mando desde el más alto nivel con el fin de (i) evitar que se detecte al líder y (ii) encubrir el contacto del líder con los activos de origen ilícito”.
En otras palabras, “denunciemos un delito hecho para no comprobarse”; o lo que es lo mismo, lancemos una infamia incomprobable, pero con escándalo.

C) Como no hay cuerpo del delito o bienes materiales probatorios, le basta al fiscal hacer ‘copy’ y ‘paste’ de los bienes sucesivamente adquiridos y vendidos desde 1978, como si los tuviera todos ahora. Y peor, lanza la infamia de que hay 21 bienes, sumando a los anteriores los tres departamentos y siete estacionamientos que recibió la señora Pilar Nores por la venta de la casa familiar. Y como prueba, repite literalmente la denuncia de una persona particular cuando podría haberlo comprobado en los Registros Públicos. Pero lo importante era crear el escándalo y ampliar el plazo a 36 meses.

D) Como no hay ningún bien o cuenta, el fiscal repite temas que, en 30 años, ya fueron materia de cosa juzgada por la Corte Suprema (1992), la CIDH (1995), o cosa decidida por la Fiscalía de la Nación (2013). Eso viola todo principio, pero ¿quién sanciona la falsificación genérica y fraude jurídico de esa resolución número 7? Nadie. Un fiscal irresponsable se siente impune, pues nadie sanciona su abuso, por el apoyo de alguna prensa subvencionada por el gobierno, y por la tendencia al cargamontón sin razón ni prueba.

No, señor. Jamás he recibido un centavo de Lava Jato y nadie ha dicho lo contrario. No soy jefe de ninguna organización criminal ni he recibido beneficio alguno de los otros 30 comprendidos en esta “investigación”. Ninguno lo ha dicho y cada uno deberá defender sus propios actos. Yo respondo por los míos y no me vendo. He servido al Perú impulsando su crecimiento, la reducción de la pobreza y afirmando la democracia, pero la democracia exige que no se use la acusación fiscal, y este es el caso, como un puñal político contra quien no goza de sus simpatías. Si se actúa así, todo presidente de la historia, todo líder empresarial, social o político, podrá ser considerado como jefe de una organización criminal por hechos ajenos a su conducta individual. Y ya no habrá justicia.