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Bosques y paz

La paz de Colombia pasa también por sus bosques. Más exactamente, el logro de una paz estable y duradera va a depender, en algún grado, en todo caso significativo, de las decisiones que sobre conservación y uso sostenible de los ecosistemas boscosos se tomen en dos escenarios: uno, La Habana, y dos, el Congreso de la República.
Aunque hace parte de la agenda de discusión entre Gobierno y Farc dentro del tema general de política de desarrollo agrario integral, el 'subtema' frontera agrícola y protección de zonas de reserva se ha mencionado poco, al punto de pasar casi inadvertido. Si se considera que las zonas de reserva forestal (ZRF), declaradas por la Ley 2a. de 1959, comprenden hoy más de 51 millones de hectáreas, que de la superficie continental del país más de la mitad está cubierta por bosques naturales y un 70 por ciento tiene vocación de uso forestal, la preservación, la conservación, el manejo, la restauración y el uso sostenible de los ecosistemas forestales deben ocupar lugar preponderante entre los complejos temas de discusión en La Habana.
Por otra parte, el actual proyecto de ley de tierras y desarrollo rural contempla disposiciones que afectarán justamente a las ZRF. Si las negociaciones para la terminación del conflicto llegan a buen término, es predecible que en algún momento habrán de cruzarse los acuerdos sobre 'zonas de reserva' a que se llegue entre Gobierno y guerrilla, con la propuesta legislativa que impulsa Minagricultura.
Por tal razón, es fundamental advertir sobre aspectos que deben ser revisados y ajustados en ese proyecto de ley, si de verdad se quiere allanar el camino para hacer realidad el enorme potencial de los recursos forestales para contribuir a la paz y al desarrollo sostenible de la nación. Y, además, si se quieren evitar y prevenir daños que el postconflicto puede traer sobre los bosques, efectos acerca de los cuales ya alertó el exministro Manuel Rodríguez en reciente columna.
La iniciativa legislativa en curso debe despejar toda duda en cuanto a la intención subsistente de despedazar el sistema de las ZRF con el manido argumento de sustraer áreas desprovistas de cobertura boscosa para titulación de tierras, pues sabido es que tales zonas no tienen vocación agropecuaria y que fracasarán en ellas los proyectos de tal tipo que allí se emprendan, de todo lo cual el gran perdedor sería el futuro adjudicatario.
La posibilidad de titulación de baldíos en zonas de reserva forestal productora, incorporada en la nueva versión del proyecto de ley, constituye avance importante. Sin embargo, se habla de "adjudicación excepcional (?) por actividades de conservación y protección ambiental", lo que tiende a entenderse solamente como actividades de "conservación estricta". El manejo forestal sostenible debe expresamente incluirse como parte de las actividades factibles de desarrollar por los beneficiarios de la titulación, so pena de desvirtuar el objetivo de considerar la opción productiva del bosque como parte del desarrollo rural.
Además, la garantía de estabilidad de permanencia de los nuevos adjudicatarios de tierras en estas zonas solo podrá provenir de los instrumentos que en forma complementaria apoyen la gestión forestal sostenible. En esta materia, en el proyecto de ley brillan por su ausencia aspectos relacionados con la institucionalidad, los planes de ordenación forestal, la asistencia técnica forestal y la generación de incentivos dirigidos al apoyo de comunidades y pequeños productores forestales en el manejo sostenible de bosques naturales. Sin la clarificación e inclusión de estos aspectos, no se asegurará la estabilidad de la paz en las áreas forestales y, por el contrario, se correrá el riesgo de que, en el postconflicto, los bosques sean destruidos aceleradamente, con todas las consecuencias negativas que ello implica, no solo en términos ambientales, sino también económicos, sociales y políticos.
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