La denominada Ley Bala cobró su primera víctima, pero no se sabe si sea la última. El estilo autoritario de ejercer el poder por parte de Rafael Moreno Valle provocó la muerte de un inocente. Condenar los hechos violentos, así como el crimen de Estado, además de ser un imperativo democrático, se vuelve una necesidad una vez q la Ley Bala sigue vigente y puede seguir siendo aplicada. El gobierno morenovallista, que ya ha pagado el costo mediático, debe ofrecer respuestas a una sociedad indignada por la violencia institucional. Además de castigar a los responsables del operativo, debe ordenar a los diputados afines al régimen la derogación de la Ley Bala como primer requisito para intentar volver a la normalidad democrática y el respeto a los derechos humanos. Criminalizar a las victimas únicamente profundiza en la herida de una madre, y deja para la historia el calificativo de "asesino" a un gobernador que perdió la legitimidad y el consenso.