El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación de la mujer en la ley y en la práctica ha exigido a España que retire la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular de reforma de la Ley del aborto. La Proposición pretende exigir el consentimiento parental para las jóvenes de entre 16 y 18 años y mujeres con discapacidad que deseen acceder a un aborto legal y seguro.
Esta acción ha finalizado (17 de julio de 2015) Gracias a las más de 47.000 personas que han firmado esta acción. El 16 de julio se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, por 186 votos a favor, 136 en contra y 4 abstenciones. Esta reforma legislativa exigirá a las jóvenes de entre 16 y 18 años y a las mujeres con discapacidad que deseen acceder a un aborto legal y seguro obtener el consentimiento parental o de las personas que sean responsables legales. El texto ha sido aprobado a pesar de las recomendaciones de diversos organismos de Naciones Unidas que pedían su retirada y exigían al Gobierno que prestase una atención especial a las mujeres adolescentes que quisieran acceder a un aborto legal y seguro. Amnistía Internacional continuará trabajando por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y porque no existan medidas regresivas en el acceso a servicios de aborto legal y seguro. Petición antes del cierre El Grupo de Trabajo advierte al Gobierno de que el hecho de exigir el consentimiento de terceras partes para las mujeres menores de 18 y mujeres con discapacidad que deseen acceder a un aborto legal y seguro vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los derechos humanos de los personas con discapacidad. El gobierno y el Grupo Parlamentario justifican esta medida en la protección de las mujeres. Sin embargo, exigir este consentimiento, implicaría muy probablemente, un aumento del número de adolescentes que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, bienestar, y hasta su vida. Asimismo, sitúa a las menores que puedan ser objeto de violación por parte de su progenitor o de las personas que ostenten la patria potestad, en una situación de especial indefensión. La mayoría de edad sanitaria en España es de 16 años. A partir de esa edad, puedes decidir sobre una operación a vida o muerte. Sin embargo, si se aprueba la reforma, las adolescentes no podrán acceder por si mismas a un aborto legal y seguro. Esta diferencia, que no está basada en criterios médicos, constituye un elemento de discriminación, con posibles consecuencias para su salud. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas instó a España a asegurar una atención especial a la situación de las adolescentes en el acceso al aborto legal y seguro. La Organización Mundial de la Salud ha destacado que para proteger a las menores, las políticas y las prácticas deben alentar, pero no exigir, el consentimiento de los padres. Con respecto a las mujeres con discapacidad, los Estados tienen la obligación de velar porque se efectúe la consulta apropiada directamente con la persona con discapacidad y no permitir que el consentimiento sea otorgado por terceras personas que actúen en su nombre. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular deben proteger a las mujeres. Para ello, deben respetar y cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas.
