“Yo aguanto que me bajen el sueldo, pero solo si se lo baja el gobernador, los diputados, los funcionarios”, comenta el maestro Aldo Misael Jiménez, del Valle de Mexicali. Él es parte de las decenas de maestros “jubilables” que se han plantado desde el lunes 8 de diciembre en las afueras del Congreso del Estado para mostrar su rechazo a la propuesta para reformar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI). Son maestros de la Sección 37 que ya rebasaron los 30 años de servicio, pero no han podido jubilarse. “Cumplo 36 años de servicio el uno de enero”, refiere el profesor, y quienes lo rodean van por el estilo. Los manifestantes critican la propuesta de reforma (a lo que consideran la Ley Laboral-Educativa), cuestionan la reducción del aguinaldo, los topes salariales, el golpe para maestros que se han preparado, estudiado, esforzado. Aseguran que se trata de un plantón “presencial”, pacífico-–sin suspender clases-, esperaban la llegada de maestros y burócratas de Mexicali y Tijuana, luego de Ensenada, y a todos ellos se sumarían contingentes de burócratas de todo Baja California. “Vamos a protestar”, afirman decididos, mientras en la sala de sesiones, un trabajador de la burocracia grita a los diputados: “No vamos a dejar que pase esa reforma”. Malvada, malévola, perversa 
Para Luis Alfonso Vargas, abogado laborista, en la propuesta de reforma existe un mal de origen: “El sustento constitucional del derecho a la seguridad social deriva del (Artículo) 123 de la Constitución Federal, y técnicamente no pueden ser sostenidas estas nuevas leyes en la Constitución de Baja California. No somos una República independiente, formamos parte de una Federación”. Vargas sostiene que la seguridad social deriva de un derecho laboral, no como lo quieren vincular en el Estado con los Derechos Humanos -basándose en la reforma de 2011-. “No puedes crear la seguridad social con base en una cuestión de Derechos Humanos, sino que tiene como sustento un derecho laboral, ¿por qué? Pues porque el trabajador trabaja y aporta, y el patrón aporta, contribuye económicamente para sostener ese régimen que tiene una naturaleza de cooperación; no es individual, es de naturaleza solidaria”. El abogado comenta que estas propuestas -la Ley del ISSSTECALI en sí y las dos que derivan, una para la burocracia y otra para el magisterio- las están basando en el Artículo 99 de la Constitución local, siendo que realmente la Ley local no es fuente suprema; por lo que no puede ser el sustento constitucional, ya que para la aprobación de estas leyes en materia de seguridad social, la fuente es la Constitución federal, el 123 constitucional. Luis Alfonso Vargas menciona la propuesta a reforma constitucional -al 99 local-, donde se asienta que las relaciones entre el Estado y sus trabajadores estarán reguladas por la Ley de Servicio Civil y la Ley del ISSSTECALI. “La Ley de ISSSTECALI no es una Ley que regula relaciones laborales, no es una Ley que regula relaciones entre el Estado y sus empleados. La Ley de ISSSTECALI es una Ley que se refiere a la seguridad social. La otra es la Ley laboral, que esa sí regula la Ley del Servicio Civil, esa sí regula las relaciones laborales entre el gobierno, entre el Estado y sus trabajadores”. Considera el abogado que se trata de una reforma anticonstitucional, ya que -de acuerdo a la redacción, opina- los profesores -docentes, directivos, administrativos y de apoyo- ya no son trabajadores, según la Ley de Servicio Civil, los saca y los pone en otro apartado, especial para el magisterio: “Crean una Ley general, que es la Ley del ISSSTECALI, y luego crean cuando menos dos leyes especiales en materia de seguridad social; una para los burócratas, y otra para los maestros. “De entrada es una iniciativa discriminatoria que da tratos desiguales a los trabajadores, crean una Ley especial en la que a los trabajadores al servicio de la burocracia les dan un trato preferencial respecto a los trabajadores de la educación”. Ejemplifica con la parte de la iniciativa para la burocracia, donde se expone que la Ley propuesta no afectará derechos y prestaciones adquiridas con anterioridad a la reforma. Es decir, todos los trabajadores que iniciaron su cotización antes de la reforma, se jubilarán y pensionarán de acuerdo a la actual Ley. La reforma solo aplicaría para las contrataciones posteriores a la reforma. Pero en el caso del magisterio no establece esta excepción, los que ya están trabajando, los que están cotizando, sí les modifica condiciones. Ahí está la tabla propuesta para la jubilación del magisterio -a los actuales activos les aplicaría-, empezando con 53 años de edad y 30 de servicio para los que se jubilen en 2015, progresivamente va subiendo la edad mínimo, 54, 55, hasta llegar a 60 en 2029. Pone un ejemplo: el del profesor Agustín Morales Osuna -actual dirigente del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, SETE-, quien actualmente tiene 28 años de servicio y 48 de edad. Según la Ley actual, le faltarían dos años para jubilarse, pero con la reforma, no va a alcanzar la edad mínima hasta que cumpla 60 años de edad, hasta 2029. Eso significa que tendría que trabajar otros 12 años. De la posibilidad de amparo, la Suprema Corte ha resuelto que no se trata de una aplicación retroactiva, dado que -según un enfoque- “el derecho nace cuando lo cubres, cuando llenas los requisitos, lo que desde esa óptica significa que el derecho nacería hasta que el trabajador cumpla los 30 años de servicio. “Es una teoría malvada, malévola, perversa”, afirma el especialista. Más años de trabajo, menos aguinaldo, cero bonos 
“Significa la destrucción de los principales derechos de los trabajadores, de los maestros, trabajadores de la educación y de los burócratas de Baja California”, sintetiza el profesor Ignacio Gastélum -adscrito a la Secundaria Magisterio de la Delegación II-14, para después asegurar que se está siguiendo el ejemplo de lo sucedido en el Seguro Social y la burocracia federal: “Estamos junto con los trabajadores de CFE y de PEMEX, en la pulverización de las Condiciones Generales de Trabajo”. Gastélum menciona que desde el inicio de la gestión de Francisco Vega de Lamadrid en el Gobierno del Estado, el Ejecutivo citó a los diputados para pedirles dos favores: la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, y la Ley del ISSSTECALI. Refiere las irregularidades: “Igual que en el ISSSTE, no hay auditoria, no hay responsables, no hay castigo; todos los 93 millones de pesos que condonó a Tecate (Salvador) Morales Riubí, que ahora es secretario del gobernador, pues no hay ni un llamado a cuentas; igual el caso de ‘Panchito’ (Pérez Tejada Padilla, acusado de desviar a gastos las cuotas de ISSSTECALI)”. El profesor reflexiona que desde hace varios años se ha insistido a los trabajadores la necesidad del aumento de las cuotas para resolver el problema, pero pese a los incrementos, en cuatro, cinco años están quebrados nuevamente, “siempre hay promesas en las propuestas de iniciativas de Ley, siempre hay una especie de gancho, de zanahoria. Hoy la zanahoria son los Derechos Humanos, relativos a los trabajadores de confianza”. En su percepción, las constantes irregularidades están llevando al ISSSTECALI a ser un elefante blanco ante la saturación para prestar servicios. Los empleados del Estado prefieren, en muchos casos, atenderse con un médico privado o farmacias de bajo costo. El sindicalizado tiene otros señalamientos: * El aguinaldo, que ahora llaman gratificación, con el nuevo modelo de “salario regulador” significa una disminución de 30 a 50 por ciento. * La edad jubilatoria, donde pretenden ampliarla a los 60 años, significa de nueve a diez años laborales más. * Los bonos desaparecerán al no haber sido incluidos en la reforma. Ante las inconformidades, los trabajadores de la educación buscan a los burócratas para unir fuerzas y manifestarse, “no se vale que hagamos acciones separadas cuando el poder del gobernador y del Presidente de la República aparece como muy fuerte frente a los trabajadores, si no expresamos una fuerza, un empoderamiento importante va a pasar”, fue el comentario de Gastélum en la sesión con otros sectores. Por lo pronto, en escuelas ya se organizan para unirse y se ha estado enviando, vía correo electrónico, la propuesta del gobernador, para ser analizada por los más. Gastélum concluye: “Los maestros decimos no, no nos están regalando nada, nos están quitando una cuota más grande que cualquier trabajador de los ISSSTE en los estados de toda la República, el 16 por ciento es elevadísimo”. Traición a los trabajadores 
Manuel Guerrero, sindicalista, empleado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) y participante en la renovación sindical de la burocracia en la capital del Estado, considera que el gobierno implementó una gran estrategia para diluir a los dos grandes grupos: la burocracia y el magisterio, que estos últimos serían los más afectados en temas como la pensión dinámica, la cuantía, el aguinaldo, los bonos y el “salario regulador”, el cual significa bajarles el sueldo -para pensionarse o en aguinaldo-. En el caso de la burocracia, refiere que las reformas aplicarían solo a la nuevas generaciones, “pero estamos hablando que hay 21 mil personas que tienen la característica de que son trabajadores basificables y que no están cotizando, van a violar los derechos de esas 21 mil personas. Es gente que ya tiene 14, 15, hasta veintitantos años trabajando sin cotizar y que van a entrar en un régimen de pensiones -explica el gobierno en su exposición de motivos- que están en base al protocolo San Salvador, a los principios por persona y a los principios de Derechos Humanos, pero obviamente es una interpretación errónea de sus principios. “Ellos los denominan de confianza cuando lo han hecho ilegalmente toda la vida, es gente que barre las calles, es gente que está en los escritorios, que no tiene puestos de dirección”. A los burócratas, argumenta Guerrero, también les pega en la pensión, sobre todo por la forma de implementación, ya que actualmente se pensionan a los 30 años de servicio y regularmente están en el nivel salarial 16, pero antes de pensionarse pasan al nivel 17 -el más alto- y, con la reforma, se pensionarán con el salario promedio de los últimos 13 años de vida laboral. Aparte, proponen dinamizar la pensión en otra forma: “(Hoy) Estamos hablando de 60 días de sueldo y te van a dar 30, pues en promedio, de un nivel 17 debe ser como de 20 mil pesos, eso les va a disminuir en esa prestación. Casi a la mitad, el 50 por ciento. Estamos hablando de que hay prestaciones como los bonos, que también perciben los jubilados y las primas vacacionales, que ya no están contempladas en la nueva Ley. Ya no se las van a dar.”. Manuel Guerrero opina que de concretarse esta reforma, después irían por las prestaciones que le quedan a la burocracia -ya sin el magisterio en el mismo barco-: “El gobierno es muy hábil, siempre ha encontrado la forma de dividir y, sobre todo, de cooptar a la dirigencia… la dirigencia obviamente es tomada en cuenta, pero no se toma en cuenta a la base. Realmente si tu propuesta es clara, es frontal, es con aras de hacer algo bueno, la puedes abrir a la sociedad desde que inicies tu consulta para promover una reforma, nunca han hecho, entonces sacan una reforma ya planchada, consensuada con el PRI, con el PAN… yo creo que es una gran traición a los trabajadores”, considera el trabajador de la CESPM. Para ello han empezado a organizarse junto con la sección Tijuana de la burocracia y el SETE, y han participado en reuniones informativas con diputados, para presentar una contrapropuesta de reforma. De las movilizaciones advierte: “Tenemos todos estos días, de aquí al 31 de diciembre (2014), porque esa es la fecha plazo, tienen que autorizar el presupuesto, si no autorizan las modificaciones a la Ley el 31 de diciembre, ya no lo hicieron”. Desde el punto de vista de Guerrero, se trata de una situación inducida desde el anterior gobierno estatal -encabezado por el panista José Guadalupe Osuna Millán-, ya que desde entonces hubo irregularidades con el pago de cuotas. “Me parece muy curioso que quieran linchar a ‘Pancho’ Pérez Tejada, aventando a Victoria Bentley por enfrente, que ya lo agarró de puerquito, pidiendo juicio político para Francisco Pérez Tejada. Se le acusa de haber desviado 900 millones de pesos, pero el fideicomiso que firmaron para rescatar al ISSSTECALI, habla de 2 mil 800 millones de pesos que no se pagaron al Instituto, entonces hay un universo de mil 900 millones que dejaron de pagar entre el ex gobernador Osuna Millán, los cinco alcaldes pasados y todos los paraestatales”, señala, para concluir: “El gobierno fabricó todo el escenario, destruyó, desmanteló todo el sistema pensionario (…) El gobierno estaba plenamente consciente de hacia dónde estaba llevando al ISSSTECALI, hasta colocarlo en la situación que (ahora) lo coloca”.
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