Día de los desaparecidos: España ‘lidera’ el ránking con 114.000 víctimas

"En España, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados". Es la dura conclusión con la que Amnistía Internacional conmemora el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, en un momento en el que existen más de 43.000 casos pendientes de ser resueltos en la ONU y casi 115.000 desaparecidos en España, según denuncia Rights International Spain (RIS) tomando como referencia datos de la justicia.

"Durante la Guerra Civil y el franquismo fueron muchas las víctimas de graves abusos que el derecho internacional prohibía y condenaba, como tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad, como la desaparición forzada", señala Amnistía, que menciona que "Naciones Unidas ha constatado que las víctimas de desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo siguen indefensas".

Y es que en los últimos meses la ONU ha solicitado en varias ocasiones que el Gobierno ponga en marcha “políticas de Estado” para reparar a las víctimas de Franco, dado que la brecha entre represaliados e instituciones es “especialmente profunda”. No es el único toque de atención que ha recibido España: el pasado mes de julio, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas de la organización dio de plazo hasta octubre al Ejecutivo para que presentase un cronograma con medidas y plazos concretos destinados a cumplir sus recomendaciones, entre las cuales se encuentran dotar suficientemente de fondos a las instituciones para que cumplan la Ley de Memoria Histórica y abordar con "urgencia" el tema de los desaparecidos.

La última advertencia de Naciones Unidas se ha producido este mismo viernes, cuando ha salido a la luz pública un informe del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. El responsable de la ONU insta al Gobierno a no esquivar asuntos "complejos e incómodos" la misma semana en la que el Partido Popular ha rechazado en solitario que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; y el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, expliquen las actuaciones de su gabinete en materia de desapariciones forzadas.

En su informe, De Greiff asegura que la negativa del Gobierno a hacerse cargo de este tema "no le hace justicia a los avances logrados durante el proceso de democratización de España", y hace hincapié en la "gran distancia" que separa a víctimas y dirigentes en sus posturas. "Las autoridades parecen indicar que, en la medida de lo posible, las demandas de las víctimas y asociaciones han sido mayoritariamente atendidas, pero muchas de ellas se sienten insuficientemente reconocidas y reparadas. Esta brecha es particularmente preocupante considerando que las expectativas expresadas por muchas víctimas no pueden caracterizarse, en general, de 'desmedidas”.

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En la misma línea van las denuncias de la ONG Rights International Spain (RIS), que explica que la cifra de desaparecidos forzosos en España no se conoce con exactitud a causa de "la desidia absoluta de las autoridades españolas en esta materia". No obstante, y tomando como referencia los datos proporcionados por la Audiencia Nacional, la organización señala que "España es probablemente el país con el mayor número de desapariciones forzadas en el mundo", con nada menos que 114.266 personas en esta situación. Y a esas víctimas directas hay que sumarles sus familiares, que según recuerda RIS "son también víctimas de desaparición forzada según la definición internacional".

"La impunidad sistemática existente, que es tolerada y promovida por el Estado español, contribuye a prolongar el sufrimiento de sus familiares, que son también víctimas de desaparición forzada según la definición internacional", denuncia RIS, que hace hincapié en que "la violación de derechos fundamentales" no cesa hasta que la víctima es encontrada. En este sentido, la ONU fue firme en su informe de julio al exigir a España que incorporase en su Código Penal la desaparición forzada como un delito imprescriptible o cuyos plazos de prescripción, en todo caso, comenzasen a contar en el momento en el que el desaparecido apareciera.

Pero según resalta RIS, el Gobierno está haciendo caso omiso de las recomendaciones. Y es que, a pesar de que hay planteada una reforma del Código Penal, el proyecto de ley "sigue incumpliendo el Derecho internacional, pues no incluye la tipificación de la desaparición forzada de manera autónoma". Por ello, la ONG ha iniciado una recogida de firmas a través de Internet para respaldar una petición dirigida tanto a Rajoy como a Ruiz-Gallardón en la que se les exigirá que "se tomen en serio las recomendaciones internacionales, cumplan con las obligaciones internacionales del estado español y pongan fin a un comportamiento que ignora de forma deliberada y continuada los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación".