Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Miembros de organizaciones civiles definieron a México como “palero” y “espirilo” [bacteria peligrosa] por la defensa que, a través de la Secretaría de Economía (SE) y con respaldo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), realiza de las grandes empresas tabacaleras y de comida chatarra, para impedir que se coloque un etiquetado que informe a los consumidores el contiendo real de los alimentos.
Representantes de El Poder del Consumidor, Greenpeace y la Fundación Interamericana del Corazón México, demandaron investigar esta política internacional llevada a cabo por un grupo de funcionarios de la SE y respaldada por la Cofepris, que evidencia un posible conflicto de interés y una falta de transparencia.
De acuerdo con documentos obtenidos por SinEmbargo, la Subsecretaría de Comercio Exterior –dependiente de la Secretaría de Economía–, a través de la Unidad de Negociaciones Internacionales, presentó argumentos contra el etiquetado establecido por Ecuador para los productos más dañinos, como refrescos y panecillos altamente procesados y endulzados. El documento está firmado por Juan Antonio Sánchez Dorantes, director general de esa unidad.
“Como lo ha expresado la propia Secretaria General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, la epidemia de las enfermedades crónicas no transmisibles está enfrentando como mayor obstáculo la resistencia y el poder económico de las grandes corporaciones. México se está poniendo de su lado, no de la salud, no de la OMS, para evitar que las políticas de vanguardia sean implementadas […] las grandes industrias han utilizado a grandes países como ‘espirlos’ ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), y este es el papel de México”, comentó durante la conferencia de prensa, Alejandro Calvillo Unna, Director de El Poder del Consumidor.
Agregó que los documentos son un atentado contra los derechos a la salud y a la información de los consumidores tanto nacionales como los de otros países e incluso, viola tratados internacionales a los que México ha firmado y ha apoyado.
Jurídicamente, los documentos no tienen la capacidad de frenar las políticas de los países mencionados. Para hacerlo, México debería comprobar las afectaciones al flujo del intercambio comercial con Ecuador y así, continuar con el proceso del Tratado Internacional, sobre el que justifica sus argumentos, así como revisar la reglamentación y las observaciones e, incluso, interponer demandas.
Además, la argumentación legal de México podría servir para que el etiquetado de Ecuador no se asuma en más países.
Las etiquetas ecuatorianas alertan claramente cuando un producto tiene excedentes de azúcares. Las mexicanas, en cambio, son confusas y favorecen a la industria, de acuerdo con organizaciones civiles –tanto de México como del extranjero– especializadas en salud.
Como muestra, en 2011, expertos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) publicaron un estudio realizado con 122 alumnos de nutrición, en el que evaluaron distintos aspectos del etiquetado mexicano. Al final, sólo un 12.5 por ciento de los participantes fueron capaces de definirlo correctamente, poco más de la mitad (56.3 por ciento) identificó el número de porciones en un envase y únicamente 31.7 por ciento estimó bien el contenido energético total del producto. Del total, sólo un 1.8 por ciento de los próximos nutriólogos fue capaz de responder de manera correcta a tres preguntas que implicaban cantidad de azúcares.
EL PODER DE LAS GRANDES INDUSTRIAS TABACALERAS
“¿Qué debe defender un funcionario? ¿A las empresas o el derecho a la salud de un país?”, cuestionó Erick Antonio Ochoa, Director para las iniciativas del control del tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón.
Ochoa abordó en el tema de las tabacaleras. En un comparativo con la situación de Australia, que maneja un etiquetado genérico en el que los pictogramas (las imágenes de alguna de las 21 enfermedades provocadas por fumar) son más fuertes y abarcan todo el empaque, mientras que el nombre de los cigarros es del mismo tamaño y de la misma fuente que el resto de la gama de productos; en México, la implementación de pictogramas en 2010 empezó como una política vanguardista, sin embargo, con Mikel Arriola al frente de la Cofepris, esta medida se ha estancado porque ha tomado en cuenta la opinión de las tabacaleras, que argumentan que necesitan largos periodos de tiempo para la impresión de las imágenes.
Las recomendaciones de empaque están en el Convenio Marco para el Control del Tabaco al que México, al igual que Australia, está adherido.
En 2011, el proceso fue similar: a través de la Secretaría de Economía, en un documento firmado de nueva cuenta por Juan Antonio Sánchez Dorantes, México expresó en un documento su “preocupación” por las medidas emprendidas por Australia para implementar el empaque genérico en las cajetillas de cigarros.
En el documento que va dirigido al Secretario del Comité de la Comisión Permanente de Salud y Geriatría y a la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, México criticó que tan sólo por la búsqueda de “objetivos legítimos” de aquel país, se crearan obstáculos innecesarios al comercio internacional, y en consecuencia, una restricción más “que resulta poco necesaria”.
En el documento se puede leer que México estaba de acuerdo con el interés de las autoridades sanitarias de Australia para emitir todos los reglamentos necesarios para proteger sus objetivos y, fundamentalmente, la salud humana, sin embargo, consideró que la medida podría ser innecesariamente restrictiva, ya que hay otras maneras de satisfacer el objetivo legítimo de protección de salud de una manera “onerosa”, “sin la necesidad de restringir la publicidad o promoción de los paquetes de tabaco”.
MÉXICO A LA DEFENSA DE LOS TRANSGÉNICOS
Raúl Estrada, Director de Comunicación de Greenpeace, declaró que lo único que se exige es que en el empaquetado se informe si el alimento contiene transgénicos.
“México es palero de las empresas al negarse a poner en el empaque esta información […] el derecho a la salud es el primer derecho básico de los consumidores. Se debe informar y alertar a los ciudadanos para que ellos decidan si lo ingieren o no”, dijo.
De acuerdo con la información de Estrada, 64 países ya cuentan con un etiquetado en sus productos: los 28 de la Unión Europea, Australia, China, Japón, y en América Latina sólo Brasil y Ecuador.
En el documento que la Secretaría de Economía envió a las autoridades de Ecuador, sugieren que el etiquetado no se puede implementar, ya que actualmente, hay un debate sobre el riesgo de consumo de este tipo de productos, por lo que no se justifica un trato diferencia entre éstos y los convencionales.
El pasado 18 de febrero, organizaciones civiles en defensa de la calidad de la alimentación, urgieron al Gobierno federal y a las dependencias competentes a agilizar el etiquetado de productos transgénicos, en especial el maíz que es importado y comercializado en México. De acuerdo con las investigaciones más recientes en la materia, expertos detectaron una alta presencia de tóxicos herbicidas cancerígenos y alteradores del desarrollo normal del ser humano.
En México, recientemente activistas e investigadores han denunciado que el gobierno, específicamente la Cofepris, ha negado el derecho de la población a la información, pues se ha negado a que las empresas etiqueten los productos con ingredientes genéticamente modificados, dejando al consumidor sin la opción de decidir si los consume o no.
En México no existe etiquetado para alimentos transgénicos pese a que lo establece el artículo 101 de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, mejor conocida como “Ley Monsanto”, a pesar de que lo recomienda el Protocolo de Cartagena –sobre seguridad de la biotecnología–, del cual el Estado mexicano es firmante.
