El intrincado mapa de las reclamaciones millonarias entre Cuba y Estados Unidos

Las compensaciones a miles de compañías y ciudadanos norteamericanos que fueron expropiados tras la llegada de Fidel Castro al poder y los millones pendientes de cobro por demandas adjudicadas contra el gobierno cubano se perfilan como obstáculos infranqueables para el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre Washington y La Habana.

Cumplida la segunda ronda de negociaciones entre representantes de ambos países en Washington, el pasado 27 de febrero, la apertura de embajadas parece el primer paso posible en el largo camino de la normalización de los vínculos bilaterales, un proceso que deberá enfrentar temas espinosos como el respeto a los derechos humanos, la repatriación de fugitivos, y la posesión de la base naval de Guantánamo.

Pero de todos los escollos para avanzar en una nueva era de relaciones, las reclamaciones por propiedades confiscadas sin retribución a partir de 1960 y las recompensas por fallos emitidos en tribunales estadounidenses después de 1996, se vislumbran como los más complicados, considerando el entramado legal que las sustentan, las posiciones irreconciliables de los implicados y las exorbitantes sumas de dinero en juego.

La revisión de cuentas comienza por 5,911 reclamaciones de firmas corporativas y ciudadanos estadounidenses por la confiscación de sus propiedades y otros bienes, intervenidos mediante el Decreto Ley 851 del gobierno revolucionario del 6 de julio de 1960. Estas expropiaciones aparecen certificadas por la Comisión de Adjudicación de Reclamos Extranjeros (FCSC, por sus siglas en inglés) por un valor 1,800 millones de dólares, según los estimados de la época.

United Fruit Company, Texaco, Esso, Sinclair, Compañía Cubana de Electricidad y Compañía Cubana de Teléfonos y 36 centrales azucareros, entre otras propiedades estadounidenses (o con intereses predominantes de Estados Unidos) fueron entonces forzosamente expropiados y adjudicados a favor del Estado cubano.

Un punto de conflicto para la Casa Blanca

El monto de esas reclamaciones se aproxima hoy a los 8,000 millones de dólares, pues el cálculo del valor actual se determina  por asignación de un interés simple del 6% por cada año que ha pasado.

“Las propiedades confiscadas forman parte de los temas que están sobre la mesa y que tendrán que ser abordados más profundamente en la medida que avance el proceso de negociaciones”, dijo un vocero del Departamento de Estado.

Sin embargo, la Ley de Asistencia Extranjera (FAA) de 1961 estipula que el litigio en torno a las propiedades estadounidenses confiscadas debe ser resuelto antes de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, lo que algunos expertos consideran como un punto de conflicto para la estrategia puesta en marcha por la Casa Blanca.

Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos y principal representante de EEUU en las negociaciones, ha declarado abiertamente que aun cuando el tema sea discutido en las reuniones con la parte cubana, no tendrá solución antes de que las relaciones diplomáticas sean restauradas.

Los congresistas cubanoamericanos han insistido en que se deben atender asuntos como las propiedades confiscadas y la devolución de prófugos de la justicia estadounidense para proseguir el acercamiento con La Habana.

Poco antes de iniciarse la primera ronda de negociaciones en La Habana, el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, escribió una carta al Secretario de Estado, John Kerry, exhortándolo a dar prioridad a los ciudadanos y negocios estadounidenses afectados a manos del gobierno de Castro antes de otorgarle “otras concesiones políticas y económicas” a La Habana.

“Que el asunto de las propiedades estadounidenses no sea una premisa para restablecer las relaciones y quede para resolverse después es, de hecho, ilegal”, comentó a Yahoo Noticias el abogado cubanoamericano Nick Gutiérrez, consultor legal y presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba. “Pero no es de extrañar que esta administración vaya hacia adelante con su propósito, a pesar de las limitaciones legales”.

500 familias cubanas expropiadas

Pero Gutiérrez está enfocado en otro capítulo de los bienes expropiados por el gobierno de Fidel Castro. Él tiene a su cargo la representación de 500 familias cubanas despojadas de sus propiedades por vía del Decreto Ley 890, emitido el 13 de octubre de 1960, y por otras disposiciones posteriores en esa década.

“El 95 por ciento de los bienes intervenidos por el gobierno revolucionario era de propietarios cubanos, grandes y pequeños”, recordó el abogado. “Hay centenares de miles de cubanos que están en el exilio o permanecen en la isla, que están en su derecho a reclamar lo que les fue arrebatado”.

Su propia familia, Gutiérrez Castaño, fue afectada con la expropiación de los centrales azucareros San Agustín (rebautizado como Osvaldo Herrera después de 1960) y Pastora (Ramón Balboa), en la zona de Cienfuegos, en el centro de la isla. Ambos fueron desmantelados a raíz de la reestructuración de la industria y el cierre de la mitad de los centrales del país bajo órdenes de Fidel Castro en el 2002.

El valor total de las propiedades cubanas intervenidas se situaba en unos 150,000 millones dólares en 1960. El 85% de lo expropiado, incluyendo grandes latifundios y fincas con más de 77 hectáreas, está actualmente en manos estatales y cooperativas. Solo mantuvieron sus bienes los dueños de pequeñas fincas, que representaban apenas un 2% de toda la propiedad privada existente en Cuba en 1959.

Pero a diferencia del respaldo otorgado por la Ley de Asistencia Extranjera a los bienes estadounidenses confiscados, los propietarios cubanos no están certificados por la Comisión de Adjudicación de Reclamos Extranjeros y no serían considerados a la hora de una solución negociada por Estados Unidos.

“Durante mucho tiempo los cubanoamericanos queríamos estar certificados [por la FCSC] y que Estados Unidos reclamara por nosotros, pero viéndolo ahora desde una nueva perspectiva creo que hubiera sido lo peor”, opinó Gutiérrez. “Hoy nos alegramos de no ser reclamantes certificados porque eso nos permite llegar a un acuerdo independiente con un gobierno cubano en el futuro”.

No obstante, la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (Ley Helms-Burton), firmada por el presidente Bill Clinton en 1996, condiciona cualquier cooperación con Cuba a la devolución de las propiedades confiscadas a estadounidenses y a “progresos significativos” para compensar a cubanos expropiados por el régimen comunista.

Proceso de normalización a largo plazo

Philip Peters, ex funcionario del Departamento de Estado y presidente del Centro de Estudios Cubanos en Virginia, considera que la Ley Helms-Burton contiene una suma de elementos que violan la Constitución, porque limitan las facultades para conducir la política exterior y que son atribuciones exclusivas de la presidencia.

“Esa ley no sirve como hoja de ruta en este proceso, excepto en los sueños de ciertos congresistas cubanoamericanos”, opinó Peters, quien fue asesor de la Cámara de Representantes. “Asuntos espinosos como los reclamos de propiedades, son cosas que tendrán que resolverse a largo plazo en el proceso de normalización, pero no van a impedir que se abran embajadas y que se establezca unaagenda de cooperación en algunos asuntos de interés bilateral”.

Los millones que Cuba reclama

Por otro lado, los reclamos de Cuba no resultan nada discretos en términos monetarios.

En 1996, el gobierno cubano respondió a la Helms-Burton con la Ley 80 de la Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas, que consideró que las indemnizaciones tendrían que negociarse considerando las daños económicos ocasionados al país por el embargo. Sobre la base de esa legislación, la llamada Demanda del Pueblo Cubano contra Estados Unidos fijó las afectaciones en 121,000 millones de dólares en el 2000.

El pasado septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el vicecanciller Abelardo Moreno situó las pérdidas en unos 116,880 millones de dólares, por concepto de lo que se ha dejado de recibir solo por el impacto del embargo en la isla.

También existe una demanda del pueblo cubano, ratificada por los tribunales nacionales en 1999, y que exige 181 millones de dólares a Estados Unidos por daños humanos.

Un intrincado mapa de reclamaciones

A este intrincado mapa de reclamaciones mutuas se suman una decena de demandas judiciales, que buscan compensación monetaria de los fondos embargados a Cuba en bancos estadounidenses desde 1963.

Los demandantes, en su mayoría ciudadanos estadounidenses de origen cubano, acudieron a los tribunales en virtud de la llamada Ley de Protección a las Víctimas del Terrorismo, aprobada en 1996. El gobierno cubano nunca ha respondido a las demandas por considerarlas una acción ilegítima y extraterritorial.

El uso de los activos del Estado cubano para retribuir fallos judiciales ha sido un punto de máxima tensión en las relaciones bilaterales desde el primer desembolso de 96 millones de dólares, en el 2000. La cifra sirvió para compensar a familiares de los cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate que fueron derribados por Migs de la Fuerza Aérea cubana en 1996.

En represalia por la utilización de esos fondos, Cuba cortó temporalmente las llamadas telefónicas directas desde territorio estadounidense a la isla en diciembre del 2000.

Las gestiones de los demandantes para ser compensados con los activos cubanos congelados han logrado extraer más de 200 millones de dólares, pero el proceso se ha hecho cada vez más difícil, pues los bancos se niegan a revelar información para evitar reclamaciones sobre sus fondos.

El más reciente informe del Departamento del Tesoro sobre los activos de estados considerados terroristas -entre los que aún se encuentra Cuba- sitúa en 257 millones de dólares el monto congelado a la isla al finalizar el 2013, pero los expertos consideran que los fondos sin identificar alcanzan una cantidad muy superior, proveniente de las cuentas telefónicas y otros pagos recibidos por empresas estatales cubanas a través de terceros países.

De hecho, son pocos los beneficiados por dictámenes judiciales que han conseguido agenciarse parte del dinero concedido. La mayoría de los demandantes ha regresado incluso a los tribunales para obligar a los bancos a ofrecer información sobre las cuentas vinculadas a Cuba.

En busca de los fondos cubanos congelados

Uno de los enfrascados en rastrear las cuentas cubanas es Gustavo Villoldo, a quien un juez de circuito de Miami-Dade le otorgó 1,170 millones de dólares en el 2009, la compensación más cuantiosa concedida hasta el momento por un tribunal estadounidense en casos de este tipo. Villoldo, de 78 años, responsabilizó a Fidel Castro y Ernesto Che Guevara por el acoso a su familia y el suicidio de su padre en Cuba en 1959, tras la confiscación de su negocio y numerosas propiedades.

Villoldo, veterano de Bahía de Cochinos, se ha asociado a otras dos familias favorecidas por fallos judiciales –las del norteamericano Bobby Fuller y del cubano Aldo Vera- para intentar el cobro de la compensación. Las tres partes han acordado repartir el dinero que consigan de los fondos retenidos por bancos de Nueva York.

Un fallo judicial reciente ha reanimado las esperanzas de los demandantes. En agosto, un tribunal del distrito de Manhattan dictaminó que las órdenes emitidas en la Florida deben ser honradas a través de cuentas relacionadas con Cuba en 19 bancos establecidos en Estados Unidos, ente ellos Bank of America, Citibank, Wells Fargo y JP Morgan Chase.

“Esa es una decisión clave para hacer cumplir la orden judicial en favor de nuestra reclamación”, dijo a Yahoo Noticias el abogado Andrew Hall, quien representa a Villoldo. “Estoy optimista en que lograremos recolectar el dinero que fue otorgado a la familia Villoldo”.

Hall dijo que está en marcha el proceso para determinar los vínculos financieros de varias instituciones bancarias que mantienen relaciones con Cuba en violación de las leyes estadounidenses.

“Hay muchos bancos y mucha gente haciendo negocios con Cuba de diferentes maneras, sorteando intencional e inapropiadamente las prohibiciones legales, y nuestros esfuerzos revelarán, de hecho, a quién pertenecen las cuentas que estamos procediendo a confiscar”, apuntó el abogado, que representó con éxito a las familias de 17 marineros fallecidos y 18 heridos en el atentado terrorista al destructor USS Cole en el 2000.

El contenido y los titulares de las cuentas posiblemente vinculadas a Cuba se mantienen sellados por orden judicial, pero sus datos pueden ser analizados para determinar si el dinero pertenece al Estado cubano. Las transacciones electrónicas pueden ser embargadas si se determina que el gobierno de la isla o una entidad estatal transmiten los fondos directamente al banco.

Obviamente, el empleo de activos congelados para satisfacer demandas judiciales en Estados Unidos es un asunto de máxima fricción con el gobierno cubano. En otro giro al tortuoso diferendo, el presidente Obama ha ordenado ya analizar la posible exclusión de Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo, lo que cortaría las opciones a similares reclamos ante los tribunales en el futuro inmediato.

Sin embargo, los dictámenes judiciales emitidos mantendrían su validez y la Casa Blanca podría detener los procesos de compensación a los demandantes solo por razones de fuerza mayor para su política exterior.

“El gobierno de Estados Unidos reconoce la legitimidad de nuestra reclamación y espero que va a continuar haciéndolo. Es difícil imaginar que nuestros esfuerzos fracasarán”, dijo Hall.

Gutiérrez dice estar cauteloso con lo que pueda suceder en materia de compensaciones en general, pero cree que el momento debe capitalizarse para llamar la atención sobre los justos reclamos de derechos al gobierno cubano. “Desde el pasado 17 de diciembre hay un escrutinio público que antes no tenía el tema cubano. Creo que es una tremenda oportunidad para argumentar e impulsar nuestras reclamaciones”, opinó el abogado.