Diputados del Frente para la Victoria solicitaron que se inicie un juicio político contra el presidente Mauricio Macri, en el marco del acuerdo que el Estado nacional realizó con el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino por una suma que, según la estimación de la fiscal Gabriela Boquín, llegaría a los 70 mil millones de pesos a 2033.
El argumento del proyecto de resolución que presentaron los legisladores es "por mal desempeño y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones". Entre los firmantes se encuentran el autor de la iniciativa, Julio Solanas, y sus pares José Luis Gioja, Carolina Gaillard, Adrián Grana, Martín Doñate, Marcos Cleri, entre otros.
Ayer, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró concurrió a la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados y aseguró que los dueños del Correo Argentino SA, sin mencionar a la familia Macri, tienen que "pagarle al Estado lo que le deben".
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Aguad concurrió a la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que conduce el massista Juan Brugge, en la que recibió fuertes críticas de la oposición que denunció conflictos de intereses por tratarse de una empresa de la familia Macri y porque consideran el convenio perjudicial al Estado.
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Asimismo, el funcionario de origen radical reconoció que "muy probablemente" Macri estuvo al tanto del acuerdo judicial con la compañía de su familia. "Es muy probable que el presidente haya sabido pero nunca hablo conmigo", lanzó.
"El Gobierno se tomó seis días para hablar de este acuerdo y en el medio habló Peña que dijo que al pasar Aguad le comentó algo y esto queda desmentido por el ministro cuando ayer dejó a traslucir que el Presidente no es que no lo sabía", comentó Solanas en diálogo con El Destape. "Cuando el Presidente habla de un error, convalida que hay una cuestión que no era correcta y que la fiscal lo saca a la luz al descubrirlo", agregó.
Macri y Aguad fueron imputados por el fallido acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa de Franco Macri (que administró el Correo hasta su estatización en 2003) para condonar una deuda estimada en 70 mil millones de pesos.
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