La injusticia contra Julian Assange

La detención de Assange debe suspenderse para empezar a reparar los atropellos cometidos en su contra. Si bien eso no significa que el caso en Suecia quede automáticamente en la impunidad, no hay motivos para obligarlo a quedarse en la embajada. / EFE

Qué mal se ven Suecia y el Reino Unido descalificando al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Dos países líderes de Occidente y defensores en el discurso de los derechos humanos, el debido proceso, el derecho internacional, la democracia y la misma Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptaron el tono típico de los mandatarios autoritarios que piden crucificar el orden supranacional cuando los contradice. ¿El motivo? La herida diplomática abierta que causaron Wikileaks y su fundador, Julian Assange.

Según el grupo, los tres años y medio que Assange lleva escondido en la embajada de Ecuador en Londres configuran una detención arbitraria y, de perdurar, se convertirían en una forma de tortura. Es evidente. El fundador de Wikileaks no ha sido condenado por ningún crimen y la orden de captura que pesa sobre él ha demostrado la terquedad de las autoridades suecas y británicas. Hay suficientes indicios para suponer que hay otros intereses de por medio.

“La conclusión del grupo de trabajo es francamente ridícula y la rechazamos”, dijo el ministro de Exteriores británico, Philip Hammond. Suecia, por su parte, dijo que el comité de cinco expertos internacionales “no tiene derecho a interferir en un caso en curso”. Es decir, la persecución continúa.

La razón oficial para buscar a Assange es loable: sobre él recaen acusaciones de haber cometido abuso sexual en Suecia. Es importante que las investigaciones continúen. Lo que no ha quedado claro es por qué los suecos, pese a la colaboración de Ecuador, se han rehusado a interrogar al fundador de Wikileaks en la embajada de Londres y proceder con el caso a distancia. ¿De verdad la única manera de esclarecer los hechos es con su presencia en el país?

Assange dice que, de aterrizar en Suecia, sería extraditado a Estados Unidos, donde sería juzgado por publicar una serie de documentos clasificados de las embajadas de ese país en varias partes del mundo. No es irracional ese miedo. EE. UU. se ha mostrado implacable en su interés por castigar cualquier tipo de filtración. Chelsea Manning, quien presuntamente envió los documentos a Wikileaks, está actualmente en la cárcel con una condena de 35 años. Edward Snowden, que filtró información sobre la forma en que la NSA estadounidense espía a ciudadanos de todo el mundo, está refugiado en Rusia. El mensaje es claro: no hay excusas, ni siquiera el bien común, para dar a conocer esa información.

Más allá de las críticas válidas que se le pueden formular a Wikileaks sobre su manejo de las filtraciones (al no editar información que puede poner en riesgo vidas civiles), lo que se ha publicado ha sido de gran utilidad para el debate público y ha creado todo un movimiento ciudadano en busca de sociedades más transparentes. El Espectador publicó varios artículos sobre la política colombiana producto de cables filtrados por la organización de Assange.

La persecución en su contra demuestra que el secretismo de los países involucrados sigue siendo una política estatal. Alivia, cuando menos, ver que la ONU puede seguir produciendo decisiones independientes de sus miembros con más poder. Pero causa desesperanza ver que, excusados en el discurso de que no es una condena vinculante, los países ignoran sus recomendaciones. Enviar ese mensaje al mundo es muy dañino.

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