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La banca pública vuelve a la agenda

La falta de crédito y los abusos del sector durante la crisis refuerzan los argumentos a favor de entidades estatales

Thilo Schäfer

19 abril 2015 Una lectura de 7 minutos

Artículo incluido en el número 26 de La Marea, que puedes comprar aquí

A finales de febrero, Juan Ignacio Goirigolzarri pudo, por fin, dar buenas noticias sobre Bankia, la entidad nacionalizada que preside desde hace casi tres años. Durante meses el banco, fruto de la fusión de Cajamadrid, Bancaja y otras cinco antiguas cajas de ahorro en 2010, había protagonizado titulares negativos sobre el escándalo de las tarjetas black, la investigación judicial del supuesto fraude en la salida a Bolsa en 2011 y las demandas por la venta de participaciones preferentes, todos abusos anteriores a la etapa del actual equipo gestor. En rueda de prensa, el pasado 28 de febrero en la sede situada en una de las Torres Kio de Madrid, Goirigolzarri anunció que en 2014 Bankia había logrado un beneficio neto de 747 millones de euros. Por primera vez en su breve historia, el banco va a pagar un dividendo: 202 millones de euros, de los cuales el 62% corresponde a su matriz, BFA, que está enteramente en manos del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Estos 124 millones no son más que una pequeña gota comparado con los 22.400 millones de euros que ha costado al erario público el rescate de la entidad. Pero para el banquero vasco es un comienzo. “Mis intereses están perfectamente alineados con los de los contribuyentes, porque soy el presidente de Bankia y de su matriz BFA, y tengo el objetivo de que se recupere todo el dinero que se puso para la recapitalización”, afirmó. Y con «todo el dinero» se refiere al total de los 22.400 millones que se ha destinado a Bankia y BFA.

El gobierno del Partido Popular tiene claro que Bankia debe ser privatizada, al igual que ha ocurrido con las otras entidades nacionalizadas tras el estallido de la burbuja, a excepción de BMN, que aún sigue en manos del FROB, además de BFA. Pero hay cada vez más voces en la sociedad que defienden la creación de una banca pública fuerte para corregir y contrarrestar los defectos de un sector financiero privado que persigue, por encima de todo, la máxima rentabilidad de sus operaciones y el máximo beneficio para sus accionistas y, en muchos casos, sus directivos. El tema estuvo presente en la última campaña electoral en Andalucía, la primera del maratón electoral de este año. Izquierda Unida lleva tiempo reivindicando una banca pública. Podemos incluye el asunto entre sus prioridades económicas y recientemente se ha sumado el PSOE de Pedro Sánchez, que pide un banco que “proporcione financiación a la economía real y combata la sequía del crédito existente”.

Un servicio esencial para la economía

A diferencia de los socialistas, en IU y Podemos se pone la mirada directamente en Bankia, la cuarta entidad financiera del país, con una red de casi 2.000 sucursales y una implantación en la mayoría de las regiones del Estado. Hay argumentos de emergencia social para justificar la nacionalización de parte de la banca, como sería frenar los desahucios y usar parte del stockde vivienda de Bankia o la Sareb, el banco malo donde ha ido a parar buena parte de los activos inmobiliarios del sector. La mala experiencia con la reticencia de los bancos a conceder los muy necesitados créditos a las empresas ha demostrado que la industria financiera tiene una función clave y una cierta responsabilidad para la economía en su conjunto, como ha ocurrido con las carreteras y demás infraestructuras. Por ello, los economistas Vicenç Navarro y Juan Torres, autores de un documento base para el programa económico de Podemos, abogan por cambiar la Constitución para establecer “la banca, incluyendo la privada, como un servicio público, con la función de servicio a la ciudadanía, incluyendo la oferta de crédito”.

También algunos economistas liberales, poco amigos de la idea de una banca pública, admiten que ésta podría servir como contrapeso en los momentos de crisis en que las entidades privadas prefieren invertir su dinero en otras cosas. Así se evitaría el cierre total del grifo. “Un banco público puede ser positivo exactamente por ser menos procíclico que el resto de bancos. Puede dar más crédito cuando la situación es mala, aunque ello quizás implique más pérdidas, que al final pagará el contribuyente”, explica José-Luis Peydró, catedrático de Economía en la Universitat Pompeu Fabra.

Ante los argumentos a favor de una banca pública que coexista con la privada –también hay gente y organizaciones que plantean la nacionalización de todo el sector– el Gobierno, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la propia industria financiera se cierran en banda. Para ellos, las entidades públicas son ineficientes por naturaleza. “La experiencia demuestra que la gestión o la propiedad pública de las entidades, más allá de la necesaria para conducir procesos de reordenación del sector acotados en el tiempo, no resulta, en general, un mecanismo eficaz paracorregir las imperfecciones del mercado de servicios financieros”, escribió Fernando Restoy, el subgobernador del Banco de España. Es uno de los escasos comentarios de un directivo del banco central español sobre este tema, y llama la atención que Restoy destaque “las imperfecciones” que produce el sistema bancario en manos privadas. El PP y los economistas liberales consideran que, para corregir estas imperfecciones, es suficiente con un organismo como el Instituto Oficial de Crédito (ICO), que aumenta su oferta de créditos para empresas en los momentos críticos. Para hacerlo, el ICO normalmente usa la red de las entidades privadas, que cobran una comisión por gestionar el préstamo, sin tener que asumir el riesgo de impago.

Desacreditar a las cajas de ahorro

Los grandes banqueros, desde el presidente del BBVA, Francisco González, al jefe de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, no pierden ocasión para arremeter contra las antiguas cajas de ahorro como los principales, si no los únicos, responsables de la crisis por los defectos de su modelo. Es cierto que la mayoría de las cajas pagó el precio por sus excesos durante la burbuja, cuando otorgaban créditos hipotecarios sin apenas control y financiaban grandes proyectos ideados por los políticos regionales que controlaban los consejos. Pero los desmanes durante la burbuja también han puesto en aprietos a algunas entidades privadas como el Banco Popular, mientras cajas como La Caixa salieron indemnes de la crisis. Kutxabank, la fusión de tres cajas vascas, incluso obtuvo la mejor nota de toda la banca española en las pruebas de resistencia a entidades europeas del año pasado.

La tesis de que la banca pública es ineficiente y nociva para el libre mercado, que manejan sus opositores en España, genera más dudas cuando se mira al exterior. China, India y Brasil salieron mucho mejor parados de la crisis financiera global gracias a sus potentes bancos estatales, como reconocen fuentes tan poco sospechosas de pensamientos marxistas como la revista The Economist. Francia y Austria mantienen importantes entidades públicas. En Portugal, Caixa Geral de Depósitos (CGD) tuvo problemas y necesitó ayudas, al igual que algunos bancos privados, pero el que quebró fue el Banco Espírito Santo (BES) por una gestión nefasta y posiblemente corrupta de sus dueños privados.

Alemania tiene el sector público más grande de Europa, que representa más de la mitad del negocio bancario si se incluyen las potentes entidades cooperativas. Los Landesbanken son propiedad de unas 400 cajas de ahorro locales en sus respectivas zonas, a la vez controladas por ayuntamientos y gobiernos regionales. Sin embargo, los graves errores durante la crisis han hecho mella en este sector, clave para la financiación de las pymes, la auténtica columna vertebral de la economía alemana. Muchos directivos de bancos públicos se dejaron seducir por la alta rentabilidad, supuestamente con poco riesgo, de productos de Wall Street, como las infames subprime.Algunos Landesbanken fueron liquidados, otros tuvieron que fusionarse. El lobby liberal también dice que el problema es el modelo mismo, obviando que el Commerzbank, el segundo banco privado de Alemania, tuvo que ser intervenido por el Estado.

Gunter Dunkel, presidente de VÖB, la asociación de la banca pública alemana, teme que la recién estrenada unión bancaria europea sea una amenaza si se pretende que todas las entidades sigan la misma pauta, ya quetodas podrían incurrir en el mismo error y provocar burbujas especulativas. “Es bueno que haya modelos de negocio diversos”, dijo Dunkel al diario financiero Börsen-Zeitung. Sus palabras se dirigen a la Comisión Europea, que lleva mucho tiempo intentando recortar el poder de los Landesbanken. “Para recuperar una cuota de mercado importante, se persigue destruir la banca pública en Alemania. Como esta medida impopular no la puede tomar el Gobierno alemán, se ha encargado a la Comisión Europea hacer el trabajo sucio”, comenta Ellen Brown, presidenta del Public Banking Institute en la página web de esta organización de EEUU.

Bruselas también forzó a España a reconvertir las cajas de ahorros en bancos, especialmente desde que la Troika dictara las normas. El argumento es, una vez más, el fracaso del modelo de cajas. Para no repetir los abusos cometidos, los partidos que apuestan por una banca pública hablan de establecer un “control democrático” o “control ciudadano” (IU y Podemos), o una “revisión de cuentas” (PSOE). Pero las antiguas cajas también eran controladas por partidos políticos, sindicatos, patronales y otros representantes de la sociedad civil sin que sirviera de mucho. “Para mí el desastre de las cajas no es el ejemplo de que no se puede poner la banca en manos de los políticos, es un ejemplo de que los políticos que tenemos no son dignos de confianza para dejarles que gestionen recursos públicos”, opina Bibiana Medialdea, profesora de Economía de la Universidad Complutense y simpatizante de Podemos: “Sin otra política, efectivamente, otra banca pública no es posible”.

El propio Gobierno admite que un banco de propiedad pública no es incompatible con una gestión profesional, sin interferencias políticas y que opera dentro de unas directivas claras que evitan excesos. En una conferencia a finales de 2013, el ministro de Economía Luis de Guindos se deshizo en elogios hacia Goirigolzarri. Destacó su “buen hacer, la austeridad, la transparencia y la prudencia, principios que, por desgracia, en algunas ocasiones perdimos, y que tienen bastante que ver con la crisis que ha vivido España”. A pesar de estar muy contento con la marcha del negocio de Bankia, De Guindos no contempla la posibilidad de conservarla como propiedad del Estado y sigue adelante con el plan de vender la participación para recuperar las ayudas, los 22.400 millones de euros que ha costado el rescate de la entidad. El problema es que, hoy por hoy, al Gobierno no le salen las cuentas. Hace un año, el FROB ingresó 1.300 millones de euros con la venta de un 7,5% del capital del banco. El 62% que aún mantiene valía unos 10.000 millones de euros a finales de marzo. Para recuperar todas las ayudas, la cotización tendría que subir un 100%, algo poco probable a medio plazo. Otra cosa sería que apareciese un comprador dispuesto a pagar una prima considerable.

“Lógicamente pretendemos recuperar todas las ayudas y esperamos que el tiempo juegue a favor”, ha afirmado el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa. Hay dos tiempos para el Gobierno: uno lo marcan los mercados y el otro el calendario electoral.