Después de «más de 8 años de desahucios continuos, que dejaron a 400.000 familias en la calle y con una importante deuda», la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Castellón, María Jesús Garrido, confirma que «actualmente el número de casos de desahucios por impago de alquiler es equiparable al de procedimientos ejecutivos por impagos de hipotecas».
Garrido señaló el pasado miércoles que «prácticamente, a día de hoy atendemos a un 60% más de personas que no pueden hacer frente al alquiler de una vivienda, en comparación a la cantidad de desahuciados por impago de la propiedad. En todo caso, ambas circunstancias se igualan, pero los desahucios de alquilados conforman una realidad».
Como apuntó la portavoz de la PAH de Castellón, dicho contexto encuentra su origen en la precariedad que viven algunas familias en la provincia.
«Últimamente recibimos muchos casos de personas que han visto su jornada laboral reducida y, por consecuencia, una disminución de su salario. Teniendo en cuenta ésta y otras situaciones, se dan cuenta de que no pueden hacer frente al pago de su vivienda», afirmó Garrido.
El ambiente que rodea a la problemática de los desahucios, cargado de «constante preocupación», también se intensifica cuando los desahuciados optan por los contratos de arrendamiento a la hora de buscar un hogar.
Los arrendatarios, tal y como defiende Garrido, «acaban por no poder hacerse cargo del alquiler de un piso únicamente con su salario laboral y, prácticamente, en un plazo de mes y medio acaban siendo expulsados del inmueble».
Este tipo de procedimiento, conocido como 'desahucio exprés', todavía no cuenta con la atención necesaria de los Servicios sociales, debido a su carácter actual.
«A pesar de que hay entidades que han moderado sus procedimientos a la hora de desahuciar a familias gracias a distintos reclamos , lo cierto es que en la actualidad los Servicios Sociales no acaban de mostrar eficacia en cuanto a ayudas dirigidas a los desahuciados por impago de alquiler», lamentó Garrido.
Entre las distintas alternativas con las que, según Garrido, cuentan los desahuciados una vez han tenido que abandonar la vivienda, se encuentran «el alquiler social y la condonación de la deuda por impago producida a la entrega voluntaria de llaves».
Por otro lado, en relación a la demanda de pisos en alquiler en Castellón «ha crecido significativamente en la ciudad, en comparación con los últimos 5 años», destaca el presidente del colegio oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón, Franciso Nomdedéu.
Según Nomdedéu, esta situación refleja el empeoramiento de las condiciones laborales de la población, así como la negativa de las entidades bancarias a conceder préstamos.
El coste medio del arrendamiento de una vivienda en Castellón varía según su localización, oscilando entre «los 350 euros si se encuentra en el centro urbano de la ciudad y los 700 euros si está ubicado en nuevas zonas residenciales».
Para los API, los recientes desahucios por impago de alquiler conforman una prueba evidente de la normalización del hábito de alquilar pisos en lugar de pedir una hipoteca. No obstante, prevé un paulatino incremento de la compra de viviendas.