ANIMALES SUELTOS EN EL INCAA: ¿El golpe institucional es también por el Futbol NO Para Todos y el cambio cultural?

La destitución al presidente del instituto que promueve el cine ha expuesto las intenciones del presidente Mauricio Macri, junto con sus ministros, para manejar sus fondos y poner en riesgo la amplia oferta de contenidos que tiene la producción cinematográfica. Los antecedentes de compañías off shore de la familia Macri con la del nuevo presidente del INCAA. Quiénes estuvieron detrás de la operación mediática. La tijera de Dujovne y el englobamiento del INCAA con otros entes que enfrentan déficits preocupantes. Ley de Medios y la posible jugada de los grupos cableros Clarín y América para bajar sus impuestos, y hacer tolerable el costo de la reaparición del Fútbol Abonado a favor de las cadenas Turner – Fox, para quien Haiek, el interventor en el INCAA y amigo desde la infancia de Macri, prestó servicios. ¿Una cuestión económica o un cambio cultural para promover el self made man que admira Macri?

Por Lea Ross | @LeandroRoss

El cine argentino estrenó involuntariamente su propia función dentro del amplio espectáculo de las políticas y ribetes del gobierno macrista. En estos momentos, en diferentes puntos del país, distintos conjuntos del ámbito cinematográfico vienen manteniéndose en vilo, y con la retaguardia, a la hora de lo que puede llegar a pasar de ahora en más en este conflicto que se viene dando en las instituciones que regulan la producción audiovisual.

Las renuncias y denuncias contra el saliente presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Alejandro Cacetta, como la salida del rector de la Escuela de Realización y Experimentación Cinematográfica (ENERC) Pablo Rovito -institución educativa que está dentro de la órbita del INCAA- han exaltado los nervios de distintos trabajadores dedicados al ámbito cinematográfico por el fantasma del ajuste le toque la puerta al cine local.

A nivel formal, el conflicto arrancó el 12 de abril pasado, cuando el ministro de cultura Pablo Avelluto presentó un pedido de investigación contra el director del INCAA Cacetta, desde adentro de los pasillos de la Oficina Anticorrupción, encabezada por la macrista Laura Alonso. “Las sospechas son por inconsistencias en los gastos que no tendrían justificación por el concepto por el que se hicieron, y también gastos grandes en relación a publicidad que podrían ser irregulares, además de erogaciones que aparecen desdobladas”, señalaron fuentes directas a la agencia Télam en ese entonces.

El expediente pretende verificar si hubo algún delito, con lo cual quedaría abierta una causa por parte de la justicia federal. Se trata del primer caso del gobierno macrista que denuncia a uno de sus funcionarios por corrupción.

Se sabe desde adentro del ámbito del cine, que las diferencias que hubo entre Cacetta y los funcionarios macristas de paladar negro fue su negación a llevar a cabo una reducción del personal. En particular, a los que fueron designados por el gobierno anterior. Ya las autoridades nacionales han desmentido que todo esto sea por la búsqueda de recortar los fondos al cine.

Sin embargo, el suspenso se mantiene intacto dada la actitud del Gobierno de tratar de recortar egresos por donde esa, como se puede ver con el conflicto docente, y ahora con las pensiones no contributivas y graciables.

A pesar de que los medios de comunicación difunden más la preocupación de los cineastas, actores y actrices -es decir, del sector artístico- hay que decir que también los circuitos de la crítica de cine han explayado su preocupación. Uno de los documentos firmados es el de los que organizan el FIPRESCI, la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, filial Argentina.

En la misma, se repudia los acontecimientos recientes y exige el respeto por la autarquía del INCAA. La declaración es acompañada por una lista de críticos de cine, que también incluye a pensadores anti-kirchneristas y que han tenido cierta sintonía con el gobierno actual, como son los casos de Gustavo Noriega y Quintín.Diego Batlle es otro de los que encabeza las firmas. Escribe sus críticas en el diario La Nación y es editor del portal Otros Cines (www.otroscines.com), uno de los más visitados en su temática. Consultado por Striptease del Poder, señaló la preocupación por parte de la crítica sobre esta problemática: “Los críticos de FIPRESCI Argentina y los periodistas de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA) se manifestaron con sendos comunicados. Así que están atentos y pendientes. No es tanto cuestión de nombres (defender a Cacetta o a Rovito), sino de defender que se mantenga el fomento de la actividad y no se pierda presupuesto”.

Dentro de este entramado, repleto de intereses privados, operaciones mediáticas, suculentos fondos y el peligro de la uniformidad de contenidos, denigrando la oferta cinematográfica, se pueden ir relevando pieza por pieza, fotograma por fotograma, toda una secuencia que no es más que un sintagma dentro de las tensiones que se mantienen en esta gestión presidencial.

Operaciones sueltas

Horas antes de la presentación contra Cacetta por parte de Avelluto, por la medianoche se expuso en el programa de televisión Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino que se transmite por el canal abierto América, perteneciente al empresario Daniel Vila, un zócalo con la consigna “Corrupción en el INCAA”.

El mismo fue ampliado por el columnista del programa, Eduardo Feinmann, quién aseguró tener en sus manos una serie de documentos donde se revelaría las supuestas irregularidades en la gestión de Cacetta frente al INCAA. Se supone que son los mismos documentos que se presentarían en Anticorrupción por parte de Avelluto.

Entre los papeles, figuran el alquiler del Cinecolor Lab a 600.000 pesos anuales, que es la planta donde funcionaba el laboratorio de revelado fílmico de 35 y 16 milímetros, y que era la última en su tipo en todo el continente latinoamericano. Ante el avance de lo digital había cerrado sus puertas a mediados del año pasado.

Además, “compraron dos sillas a 233.000 pesos a una empresa que no vende muebles”, aseveró Feinmann. También dijo que hubo una compra de aires acondicionados en oficinas donde ya contaban con ese acondicionamiento.

Un día después de abandonar su oficina del INCAA, Cacetta tuvo su replica en Radio Latina. Sobre el supuesto sobreprecio en la compra de dos sillas o sillones, respondió: “A mi me extraña que el ministro [Avelluto] hable de este tema. Porque cuando lo planteamos, se [le] contestó y se mostró el expediente que [mostraba que esa cifra] tenía que ver con una obra, no con un sillón. Y hay un error en una disposición que habla de la compra de dos sillones. Cuando vos vas a ver en el mismo expediente, el único momento donde habla de dos sillones es ese papelito. Y lo usaron, con muy mala saña, para ensuciar”.

Otro flanco fue contra el rector del ENREC, Pablo Rovito. Según Feinmann: “Desde que asumió Rovito, lleva gastado más de 8 millones de dólares -no pesos, sino dólares- en construcciones sin haber hecho ni un solo metro cuadrado”.

Acerca de ese caso, Cacetta negó que no se haya hecho obras en la Escuela: “Pablo Avelluto estuvo en la inauguración de uno de los dos subsuelos en el ENERC, ambos con cabinas de edición, de sonido y set de filmación que se estaban terminando. Hay fotos y todo”.

Sobre el informe de Feinmann, Diego Batlle sentenció a nuestro portal: “Hubo errores de todo tipo. No le embocaron a ningún nombre y ninguna foto. Evidentemente, les pasaron la data y como no conocen del tema tiraron cualquier cosa”.

No es la primera vez que Alejandro Fantino y Eduardo Feinmann colaboraron en una evidente operación mediática, y en forma bastante torpe. Desde su rol como periodista deportivo, es archi conocido los intentos de Fantino por apoyar a su patrón Daniel Vila en su afán por apropiarse de la presidencia de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Entre otros, incluyó una filtración de cámaras ocultas en 2011, un día antes de las elecciones de la AFA, realizadas al inefable y fallecido Julio Grondona.

También se espera que Eduardo Feinmann figure en la nueva película del cineasta Enrique Piñeyro, secuela de El Rati Horror Show, acerca del mal tratamiento que dieron los periodistas de la televisión al caso del Fernando Carrera. En el que Feinmann participó del batallón de comunicadores que sentenció que el joven fue el criminal responsable por la denominada Masacre de Pompella, pero que luego la justicia confirmó que fue la “maldita” policía la que plantó pruebas contra Carrera.

Desde la asunción de Macri, la dupla Fantino Feinmann ha desarrollado informes periodísticos mal hechos sobre distintos conflictos del país, siempre en favor del gobierno. Con nula experiencia en el manejo de datos periodísticos, Feinmann había “revelado” las conexiones entre el dirigente sindical docente Roberto Baradel con el kirchnerismo en una infografía.

El informe fue repudiado por colegas porque en las imágenes incluyeron las fotos de los hijos de Baradel, cuando el sindicalista ya había denunciado amenazas de muerte contra su familia. Es básico en la comunicación mediática que no se debe exponer los rostros de personas que han recibido amenazas de muerte, por más que sean familiares de personas con cierta exposición pública.

También, el programa tuvo la “exclusiva” de un material fílmico inédito sobre un supuesto tiroteo de bandas narcos en la frontera entre Argentina y Paraguay. Luego, se reveló que en realidad fue una filmación de un hecho ocurrido en 2010 sobre traficantes de armas, ocurrido en el límite entre Venezuela y Colombia.

Se sospecha que este “error” no es casual, ya que se dio en el marco de la polémica por la compra de armas que la gestión de la ministra de seguridad Patricia Bullrich viene planeando en su supuesto afán de combatir al narcotráfico.

Informe de TVR sobre la noticia trucha de Feinmann y Fantino

Un productor suelto en los negocios macristas

Animales sueltos es un programa televisivo creado por la productora Jotax Producciones, la misma que produjo Desayuno Americano, que era conducido por la modelo Pamela David, actual esposa del dueño de América. El director de Jotax es Juan Carlos Ávila.

En noviembre de 2016, se anunció que Juan Carlos Ávila ocuparía el cargo de la secretaría de Políticas Universitarias, para administrar los millonarios fondos destinados al mundo académico. Por lo menos, así lo reconoció el actual ministro de educación Esteban Bullrich, lo cual generó un fuerte rechazo del mundo académico, ya que Ávila no contaba con ninguna experiencia dentro del ámbito universitario, más que en el manejo del negocio mediático televisivo.

Finalmente, Bullrich decidió otorgarle un puesto menor a Ávila, inventando una nueva rama dentro de su ministerio: la de Coordinación de Hospitales Universitarios, creada por resolución ministerial 579/16. Ávila fue designado en forma transitoria mediante la firma del jefe de gabinete, Marcos Peña, por la Decisión Administrativa Nº 1322/2016.

Sin embargo, ese puesto temporario está inserto dentro de una fuerte polémica, que es la construcción de un nuevo Hospital de Clínicas en la Universidad Buenos Aires (UBA), con un presupuesto inicial de 130 millones de dólares. Su aprobación fue a partir de un convenio firmado entre la UBA y el ministro Bullrich.

Ver Biografía No autorizada del ministro de educación y deporte Esteban Bulrrich Ocampo

Las obras en ejecución tendrían un plazo de cinco años. En dicho convenio, firmado un día después de la designación de Ávila para coordinar los hospitales universitarios, se especifica que una vez construido el nuevo Hospital, la UBA “se obliga a transferir gratuitamente sin limitación alguna al Estado Nacional, con destino al ministerio, el dominio y todos los derechos reales que sean de su titularidad respeto de la superficie donde estrictamente funciona en la actualidad el Hospital de Clínicas”.

Distintos sectores vienen señalando que detrás de esto existe un doble negociado. Por un lado, el negocio de la obra pública, ya que las empresas que se han ido beneficiándose con distintas obras y construcciones ligados a la infraestructura universitaria son las sindicadas de ser los favoritos del presidente Mauricio Macri. Caputo SA, de Nicolás Caputo, y Creaurban, de Ángelo Calcaterra, amigo y primo respectivamente del mandatario.

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Y por otro lado, los intereses inmobiliarios, ya que el Estado asevera que para la recuperación de fondos se pondrá en remate la manzana del antiguo hospital, ubicada en Barrio Norte, con tierras sumamente codiciadas por los empresarios desarrollistas. Y así el “mejor hospital universitario de América” como dice la propaganda oficial, iría acompañada del mejor negocio desarrollista de América.

Una trama que se irá ventilando en la medida que se abrán los sobres de licitación y se conozca al comprador de esas tierras. Las mismas que el propio productor de Alejandro Fantino caminó el día de la firma del convenio.

Papá por siempre

Hoy el INCAA, con Cacetta renunciado, está en manos de quien era su vicepresidente, Ralph Haiek. Apenas asumió su cargo, lo primero que hizo fue lo que Cacetta se negaba hacer: iniciar una ola de despidos contra el personal designado por el gobierno anterior. Se trata de los gerentes Raúl Seguí, de la administración del INCAA, Rómulo Pullol, de Relaciones Institucionales, y Rolando Oreiro, titular de la unidad de Auditoría Interna. Todos designados por la gestión kirchnerista.

Quien se hizo cargo de la administración fue Nicolás Yocca, quien durante ocho años fue gerente de finanzas de Radio Mitre del Grupo Clarín, y luego tres años director general del grupo español norteamericano Prisa, dueña de Radio Continental. También, asumió Juan García Aramburu en la gerencia general. Antes de entrar al INCAA, Aramburu trabajaba en las productoras Underground e Ideas del Sur.

Además de tener experiencia en canales de televisión de la cadena Turner, como Much Music, PlayBoy TV, etc, y hasta el canal del sindicato obrero de la UOCRA, Ralph Haiek proviene de un linaje que ha tenido estrechos vínculos con la familia del presidente Macri. Y también, con cierta sintonía con los regímenes de facto. Su padre, Jorge Fortunato Haiek, fue secretario de Energía durante la dictadura de Roberto Levingston.

De hecho, tanto el padre del presidente Mauricio Macri como el padre del actual director del INCAA, figuran en el directorio de una empresa off shore radicada en el paraíso fiscal de Panamá, llamada FRACSOCMA INTERNATIONAL. En la misma, Franco Macri figura como presidente, mientras que Jorge Haiek aparece como uno de sus directores. Fue creada el 20 de octubre de 1976, siete meses después del golpe de estado. Todavía continúa en actividad.

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“Haiek (…) Fue el cerebro de la creación del holding, del que se convirtió en vicepresidente, y autor del acrónimo Socma, que simplifica la expresión Sociedades Macri. El grupo, en total, facturaba unos cien millones de dólares cada doce meses”, señala Luis Gasulla en su reciente libro “El negocio político de la obra pública”. Se trata del grupo empresarial que cobijó durante años varias empresas metidas en escándalos de contratación pública, como es el caso de la constructora IECSA.

Además, Gasulla apuntó lo siguiente: “Socma nació en enero de 1976, dos meses antes del desembarco violento de Jorge Rafael Videla en la Casa Rosada. Fue el primer holding del país. El nombre lo había sugerido Jorge Fortunato Haiek, a quien Franco conocía porque sus esposas eran amigas”.

Por esa razón, cuando Jorge Haiek fallece en el año 2014, Franco Macri fue prácticamente el primero en publicar su pésame en los avisos fúnebres.

A su vez, en 1962, Haiek padre había creado su propia consultora junto con Federico Frischknecht, vocero del dictador Juan Carlos Onganía, y Ricardo Zinn, sindicado de ser el autor del plan de ajuste del ministro Celestino Rodrigo, conocido como el “Rodrigazo”.

Por eso su hijo Ralph mantiene una amistad con Mauricio Macri, desde que eran menores de edad. Esa relación, heredada de su padres, con negocios espurios en las dictaduras y firmas offshore de por medio, ha decantado en la decisión del ministro de Macri, Pablo Avelluto, de que Haiek hijo se haga cargo de los millonarios fondos del INCAA, bajo el costo de destituir a su antecesor mediante operetas, y vulnerar la autarquía de la institución.

Con procederes improvisados, ignominiosos, y fulminantes, propios de un golpe de estado, que indican que es el mismo presidente Macri, quien está supervisando directamente la operación. Y por ello luego, como un general a su subordinado, felicito a Avelluto diciendo: “Lo felicito por lo que se animó a hacer en el INCAA”, como si hubiese tomado la colina de Iwo Jima, plantando la bandera en ella.

Plata quemada

El origen del INCAA se remonta en la dictadura de Onganía. En ese entonces, se lanzó la Ley Nº 17.741 de Cinematografía. Promulgada en el año 1968, ya en su Artículo 1 establecía la creación del Instituto Nacional de Cinematografía, pero bajo la órbita de la Secretaría de Difusión y Turismo.

En 1994, se promulga la Ley Nº 24.377, actual “Ley de Cine”, que modifica la normativa de Onganía. A partir de los nuevos formatos audiovisuales, se cambió el nombre a Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y pasó a la cartera del Ministerio de Cultura.

Tal como lo sintetiza la página web del INCAA: “El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es un ente público no estatal que funciona en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación. Su principal función es promover, fomentar, fortalecer y regular la producción audiovisual en territorio argentino, y en el exterior en cuanto se refiere a la cinematografía nacional; así como garantizar el acceso del público en cada región del país. Una de sus tareas primordiales es la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya principal función es el fomento de la cinematografía argentina mediante el otorgamiento de créditos, subsidios y en la aplicación del resto de las herramientas que a tal fin se establecen en la normativa vigente”.

Al ser un ente público no estatal, actúa como un ente autárquico, y por ende el Estado no puede interferir en sus decisiones administrativas. En particular, en la repartición de los fondos que recibe.

El Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) es el meollo de la cuestión, en esta trama conflictiva que vive actualmente el INCAA. El Punto 11 del Artículo 1 de la Ley detalla cuáles son los ingresos que nutren al Fondo para luego ser destinado al fomento del cine nacional.

Para Diego Batlle: “El gobierno dice que no habrá recortes, que es solo transparentar la gestión. El sector audiovisual no le cree y está esperando si la Ley de Convergencia (que suplantará a la Ley de Servicios Audiovisuales) mantiene las dos grandes fuentes de financiamiento del Fondo de Fomento”.

Esas dos principales fuentes que menciona Batlle son: un impuesto equivalente al 10% por cada entrada de cine que cada uno paga para ver una función, y el 25% de todo lo percibido por lo que es hoy en día el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM, anteriormente COMFER y AFSCA) en materia de gravámenes a medios de comunicación que incursionan en el espectro radioeléctrico. Esto es porque dicho espectro es público. Y si se lucra con el mismo, mediante el alquiler de espacio para las tandas comerciales y publicitarias por ejemplo, se debe pagar tributos al Estado.

Según el Presupuesto 2017 del INCAA, el Instituto va a manejar en el trayecto del año unos 2.855 millones de pesos. Tal como lo compara el portal Chequeado.com, para tener una idea de cuánta plata es eso, es un monto superior al del Ministerio de Modernización ($ 2.055 millones), de Turismo ($ 2.348 millones) y muy cercana al del Ministerio de Comunicaciones ($ 2.871 millones), a cargo de Oscar Aguad.

Mientras tanto, el Ministerio de Cultura, de Pablo Avelluto, administraría unos fondos pautados para este año de $ 3.556 millones. Es decir, que el INCAA maneja un presupuesto equivalente al casi 80,3% de Cultura.

Dentro de los recursos, se despliegan los ingresos provenientes de los impuestos. Estos son más de $ 996 millones en el caso de los que provienen del AFSCA (hoy ENACOM), mas $ 486,5 millones del impuesto a la entrada de cine, mas $ 70,2 millones por la compra de videos, y más de $ 3,5 millones provenientes de Internet. Todos estos montos superan la mitad del Presupuesto anual.

Como puede observarse, los fondos que provienen de la entidad encargada de regular el espectro radioeléctrico, que en realidad al ser impuestos son recolectados por la AFIP, son las que tienen el principal ingreso: casi mil millones de pesos. Esta entrega de la cuarta parte había sido ratificada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales (LSCA Nº 26.522) en su Artículo 97.

Precisamente, la preocupación por parte del mundo del cine de que se corte esos ingresos se disparó un mes antes de la emisión del programa Animales Sueltos. Fue a partir de la publicación de un artículo publicado por el diario La Nación, a comienzos de febrero de este año.

En ese entonces, cuando el ex periodista de ese matutino Nicolás Dujovne asumió el cargo de ministro de Hacienda, reemplazando a Alfonso Prat Gay, recurrió a la consultora FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) para armar una receta tributaria que permita corregir ciertas distorsiones impositivas y armar supuestamente un esquema más progresivo.

En el artículo mencionado, se pautan algunas de las conclusiones sacadas por FIEL, donde en un párrafo se menciona livianamente la eliminación de “la tasa del 10% que recae sobre las entradas de cine”. Distintos funcionarios del gobierno ya señalaron que fue solo una recomendación de la consultora, y que no estarían dispuestos a dar de baja ese tributo.No obstante el último Boletín Fiscal que publica Dujovne, correspondiente al acumulado al tercer Trimestre de 2016, parece decir otra cosa. Dado que casualmente el INCAA aparece allí englobado con “Otros Entes Excluidos de la Administración Nacional”, correspondientes a AFIP Dec. 1991, Yacyretá, y INSSJyP (Ex PAMI). Apuntando que todos ellos dieron un resultado deficitario de $ 4.531 millones, cuando en 2015 había sido de solo $ 267 millones. Y seguramente el ojo y la tijera de Dujovne se pusieron sobre esa importante cifra.

Sin embargo el desagregado de ella, dice que el INCAA fue el único que registró un superávit de $ 376 millones, mientras que el déficit provino $ 1.314 de AFIP, $ 3.587 de INSSJyP, y $ 0,9 de Yaciretá. Lo cual no quita que el ojo recortador del ministro Dujovne haya pensado que se podría tratar de compensar una cosa con la otra.

Me colgué del cable y el Fútbol No Para Todos

Al asumir Mauricio Macri a la presidencia en diciembre de 2015, dentro del torbellino de decretos que lanzó en su primer mes de gobierno, se encontraron aquellos de supuesta Necesidad y Urgencia, que modificaron la LSCA o “Ley de Medios”. En particular, las que ponían freno a la aplicación de los artículos que complicaban a los medios de comunicación más concentrados, en especial al Grupo Clarín.

Una de los más polémicos fue el Decreto 267/2015, que creó el ENACOM y disolvió el AFSCA y la AFTIC. Otras dos entidades autárquicas que recibieron el atropello de intervención por parte del Gobierno macrista, solo que esta vez de manera más directa, y sin necesidad de recurrir a una operación mediática como disparador.

Más de un especialista había señalado que el contenido de ese decreto, ventilaba una cierta postura sobre la definición del sistema de cableado televisivo, figurando dentro de la órbita de la telecomunicación y por fuera de la radiodifusión. Esto se debe a lo establecido por el Artículo 6 del Decreto, donde ordena modificar, a su vez, la Ley 27.708, que es la Ley de Argentina Digital.

Allí, en un artículo del mismo número, establece una lista de todas las definiciones en lo que respecta al régimen de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, y las Telecomunicaciones. Lo que reforma el Decreto 267 es el agregado de nuevas definiciones. Es el caso de la “Radiodifusión por Subscripción”, ya sea mediante vínculo radioeléctrico o vínculo físico. Dentro de estas, se incluye el servicio de la televisión por cable.

Por ende, el negocio del cable, concentrado en el emporio Cablevisión – Multicanal, del Grupo Clarín, podría quedar exento de toda aplicación de lo que queda de la actual Ley de Medios, que pudiera perjudicarla. Porque precisamente es una ley que apunta a la regulación del espectro radioeléctrico.

En ese entonces, dentro de los cuestionamientos a dicho decreto, en un reportaje hecho desde Washington, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uruguayo Edison Lanza, había advertido estas consecuencias: “Uno observa en la decisión de fondo que estos decretos borran cualquier límite a la concentración. Establecen que el cable no es ya un medio de comunicación sino un servicio de telecomunicaciones. Por tanto se pueden adquirir todas las licencias y puede llegar a haber un solo dueño de todos los cables en Argentina”.

Ver El trasfondo de los ilegales decretazos de Macri (I)

Este planteo, que el sistema de cable deje de estar en la órbita radioeléctrica y pase a la de telecomunicación, vuelve a ser planteado en este conflicto del cine argentino. Esta vez de parte de la académica Andrea Mallimaci, quien fue coordinadora de la señal Acua Federal, de la Televisión Digital Abierta.

Así detalló su punto de vista en un artículo de la revista Anfibia: “Este decreto (…) determina a las empresas de cable como telecomunicaciones, esto es, dejan de ser consideradas como un servicio de comunicación y las quita de la órbita de la Ley hasta que se redacte la famosa y ya varias veces pospuesta ‘ley de comunicaciones convergentes’ (resolución 9/2016). Aunque el mismo decreto determina que hasta tanto ‘se sancione una ley que unifique el régimen de gravámenes’ se le continuará aplicando el que registra la LSCA (art. 21); es válido sospechar que en la nueva regulación convergente que vienen prometiendo estos actores dejen de aportar al fondo, o que al menos esa sea la intención”.

Es así que la enorme preocupación que está viviendo el cine argentino es un efecto de lo que podría significar las políticas de comunicación del gobierno de Macri, materializada en lo que sería su proyecto de la Ley de Convergencia. Gracias a los acuerdos previos con los medios masivos de comunicación, la gestión se encamina en un rumbo que pone en riesgo una posible concentración en el negocio mediático, con el riesgo de frenarles el pago del canon y, por ende, desfinanciar a los proyectos cinematográficos.

Pero no solo de Cablevisión-Multicanal de Clarín. Ya que la segunda empresa de televisión por cable, y la más grande en el interior del canal, es Supercanal, del Grupo América, de Daniel Vila. El mismo que utilizó sus medios para intentar su frustrado y meteórico ascenso a la presidencia de la AFA. El mismo que tuvo la primicia de la denuncia de Avelluto, lanzado al aire por la productora de Cruz Avila, el hijo del dueño de TyC Sports, que supo detentar el monopolio del futbol televisado, junto con el grupo CLARIN. Por ende, sería el segundo empresario todo terreno que se beneficiaría con esta posible exención del canon al cine.

No obstante una seguidilla de columnistas y supuestos periodistas de investigación vinculados con estos dos grupos que detentan el negocio del cable, salieron a afirmar que ha habido una exageración por parte de los artistas del cine sobre este tema, al ser todo desmentido por las autoridades nacionales, afirmando que no se iba a recortar los fondos al INCAA. Cuando en realidad es un precepto básico del periodismo, desconfiar siempre de la palabra de las autoridades oficiales.

Así como el presidente Macri incumplió su promesa de no eliminar el Fútbol Para Todos, el cine le ha tocado ser la cabecera de una nueva preocupación dentro de los ámbitos donde peligra el fantasma de la tijera. Que coincide con la cuestión del retorno del fútbol abonado, que quedó en manos de Turner – Fox, habiéndose casualmente desempeñado Haiek en las primeras de esas cadenas.

Cuya señal será distribuida por los mencionados cableros, y se habla que reportará un aumento de entre 20 y 30 dólares en el abono general. Lo que implica un monto en pesos de entre 300 y 480 pesos mensuales que erosionará aún más el ingreso alicaído de las personas y familias, pero que puede ser moderado si se quitan los mencionados impuestos sobre el cable. De esa manera resignando impuestos, el Estado se haría cargo de parte del Fútbol No Para Todos.

El cambio cultural

Mientras la batuta mediática repiquetea, por un lado, las irregularidades que hubo en el INCAA durante la gestión K, que son ciertas, pero que en realidad se está discutiendo la gestión de Cacetta, designado por la gestión macrista. Y por el otro, insisten con el latiguillo “se han producido películas que nadie ve con la plata nuestra”, que a lo sumo será responsabilidad del Estado el no difundir la amplia oferta que brinda el cine argentino hoy en día.

Grandes cineastas como Lucrecia Martel y Lisandro Alonso, reciben sus reconocimientos en otros países y continentes, pero acá el circuito comercial de distribución y proyección, solo garantiza las salas de aquellos filmes que se apegan a las lógicas televisivas. Como las comedias de Adrián Suar o la saga de los “Bañeros más locos del mundo”, como garantía de acumular los recortes de entrada.

La salida de tres gerentes del INCAA, ordenadas por Ralph Haiek, que habían ingresado en el gobierno kirchnerista, no parece tener solo un mero cumplimiento de achicar el gasto público eliminando supuestamente la corrupción. “Más que un conflicto económico -nos señala el crítico Diego Batlle-, yo diría que, en primer término, es ideológico o de política cultural. ¿Debe el Estado apoyar a la cultura? Siempre fue así. Incluso, en gobiernos no muy progresistas: la Ley de Cine, de hecho, se sancionó durante el menemismo”.

O sea que el peligro adicional es que el recorte de contenidos cinematográficos, se una a una gestión apegada a la filosofía reivindicatoria de la “meritocracia”, que evidencia cultivar el presidente Macri. Adhiriendo a la moción que profetiza que el esfuerzo individual, puede superar siempre las condiciones desiguales preexistentes de las personas, a la vez que reitera en sus discursos sobre la necesidad de “un cambio cultural”.

Para que reine esa cosmovisión decante en los contenidos del cine argentino, se requiere la expurgación administrativa de todo personal que no adhiera a esa mirada. Así, si los ingresos del INCAA se reducen, no solo la multiplicidad de formas y estéticas serían más escuetas, sino que también habrá una determinada preferencia a la hora de seleccionar el apoyo a determinados proyectos fílmicos: aquellos más apegados a los lemas que se instalan desde las producciones de Hollywood, basado en la reivindicación liberal individualista y el “sálvese quien pueda”. Algo que seguramente habrá aprendido el ex ejecutivo de la cadena Turner Ralph Haiek, temprana mente por parte de su padre, un asociado offshore a la familia Macri, integrantes de la patria contratista.

El prolífico y autogestionado cine argentino enfrenta una batalla que está dentro de otras tantas que se puedan librar. Bajo la ironía de que nuestro cine es revindicado en distintas partes del mundo, mientras el gobierno insiste en que debemos “reinsertarnos al mundo”.

La batalla sigue latente. Todo sea para que el cine argentino no se encargue de levantar los platos rotos que arrojarían las políticas a favor de Clarín y América.-