Juana Rivas, la mujer a la que un juzgado de Granada y la Fiscalía han ordenado la devolución de sus dos hijos a Italia con su padre —quien fue condenado por un delito de lesiones—, no se ha presentado a la cita que tenía para entregar a los pequeños de 3 y 11 años y se encuentra en paradero desconocido.

Así lo confirmó su representante legal, Maria Castillo, ante los medios de comunicación durante la manifestación que ha congregado a decenas de personas en la Plaza de Misa de Maracena —localidad donde reside Rivas—, desde poco antes de las 16.00 horas, en apoyo a esta mujer maltratada.

La entrega, según había fijado el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, se debería haber producido a las 16.30 horas de este miércoles en el Punto de Encuentro Familiar de esta ciudad. Sin embargo, Castillo afirmó, instantes después de que se cumpliera el plazo para entregar a los pequeños, que "desconoce su paradero" y "qué va a hacer con los niños".

La letrada desconoce dónde se encuentra y si ha abandonado o no el municipio de Maracena con los niños, así como cuáles son sus intenciones, puesto que de hecho no tenido contacto con ella ni con nadie de su familia durante toda la jornada.

El padre de los menores, Francesco Arcuri, se había desplazado desde Italia hasta este punto en el que debían entregarle a sus hijos y ha abandonado el lugar sobre las 16.50 horas, veinte minutos después de la hora fijada, al no haberse presentado allí la madre.

A partir de ahora, está previsto que la jueza notifique a la Policía la búsqueda de Juana Rivas, declarada en paradero desconocido. Por su parte, Castillo ha anunciado que presentará un escrito para lograr la suspensión de la ejecución de la orden judicial y que llevará el caso ante el Tribunal Constitucional, al que solicitarán amparo.

En la manifestación en favor de Rivas, además de Castillo ha estado presente también la directora del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados.

En comparecencias anteriores ante los medios, Rivas relató que "tuvo que escapar de la isla italiana Carloforte, en la que vivía con su expareja y padre de sus dos hijos" por estar "sometida a una situación insostenible de violencia psicológica y física". Y, según afirmó, los menores "han sido testigos de todo ese dolor".

Por ello, no quiere permitir que sus hijos vuelvan a vivir con su padre, además de que en España los niños "están amparados por la Ley de Protección del Menor que los ampara como víctimas también de estos malos tratos", tal y como informaron los representantes legales de la mujer.