Mi consejo al indocumentado es que, hasta que no tenga sus documentos, tenga mucho cuidado con la información que le da al Gobierno.

El pasado miércoles, 7 de agosto el Gobernador AGP firmó la ley que permite a partir del año que viene expedir localmente licencias de conducir a personas que no sean residentes legales de Estados Unidos. La comunidad dominicana mostró gran alegría y respaldo por esta ley pues la ven como un gran beneficio que les permitirá a los indocumentados transportarse legalmente a sus trabajos, salir de compras con sus familias, llevar los niños a la escuela y, al fin y al cabo, darse un paseíto por la Isla los días de asueto. En ese sentido, creo que la ley es una medida compasiva cuya intención debemos favorecer. Sin embargo, vale la pena considerar otros aspectos menos obvios y hasta inesperados e indeseados.

Para empezar, es necesario reconocer que la idea no es original de AGP sino que siguió el ejemplo de los estados de Washington, Nuevo México, Illinois, Utah, Oregon, Colorado y Maryland. Estos estados desean promover que las personas que conduzcan por sus carreteras, independientemente de su estatus migratorio, conozcan las leyes de tránsito y las señales en la carretera, e, igualmente, que el estado certifique que están aptos para conducir y asegurados contra daños a terceros (como se haría en Puerto Rico con el seguro de la ACCA.) En fin, la principal meta de la Ley es proteger la población de chóferes sin preparación y licencia que transitan por las carreteras. Por esa razón, también apoyo la Ley.

Con tal propósito, para la expedición de una licencia de aprendizaje provisional todo solicitante indocumentado deberá, y cito la Ley: “[p]oseer un pasaporte vigente de su país de ciudadanía o una identificación consular vigente expedida por un consulado de su país de ciudadanía con el propósito de identificar a la persona. Para que la identificación consular sea válida, esta deberá contener el nombre, fecha de nacimiento, foto y firma de la persona, así como la fecha de expedición y de expiración de la identificación”.

Toda esa información, junto con sus señas personales y dirección según aparecerán en la licencia la almacenará el Departamento de Transportación y Obras Públicas en sus bases de datos separada de la información de los ciudadanos y residentes legales. De hecho, la licencia de los indocumentados será diferente a las regulares, sirviendo por eso como prueba fehaciente de que la persona que la tenga reconoce su estatus de indocumentado. Por eso, la licencia facilitará la penetración del Gobierno en la comunidad de los indocumentados.

No muy lejos detrás del DTOP cobrando la licencia y el seguro vendrá el Departamento de Hacienda a asegurarse que hayan pagado sus contribuciones sobre ingresos y cobrarles las que deban, y gracias a las licencias, tendrán sus direcciones (en Puerto Rico y en su país de origen), su número de pasaporte o visa y sus señas para buscarlos y cobrarles.

Finalmente, les digo que leí la Ley detenidamente para ver si se prohibía en ella que el DTOP compartiera la información sobre los indocumentados con otras agencias del Gobierno local o del federal. Tal prohibición no existe en la Ley. Y es que no puede existir porque ninguna ley local puede impedir que la oficina federal de Inmigración y Aduanas (ICE) o cualquier Tribunal federal o local le requiera mediante ‘subpoena’ a cualquier agencia estatal la información que entienda que necesite para investigar posibles violaciones a la ley. Eso sin contar que, a juzgar por la manera desaforada en que la National Security Agency en la Administración Obama ha recogido información de los correos electrónicos y las computadoras domésticamente, estoy seguro que podrán acceder a esa información directamente sin que ni siquiera el DTOP se entere.

Mi consejo al indocumentado es que, hasta que no tenga sus documentos, tenga mucho cuidado con la información que le da al Gobierno. Pudiera ir por licencia… y salir deportado.