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La desigualdad de la riqueza en España se ha doblado en 12 años

El Barómetro Social de España advierte que las deudas ahogan a los hogares más pobres, muchos de ellos abocados a la insolvencia económica y al riesgo de exclusión social.

Un hombre pide para comer en el centro de Madrid, antes de la pandemia. FERNANDO SÁNCHEZ / ARCHIVO

La Marea

27 junio 2017 Una lectura de 5 minutos

La quinta edición de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España confirma un reforzamiento de la desigualdad en el reparto de la riqueza: desde 2011 solo los más ricos han incrementado su patrimonio, siendo el tramo de hogares pobres el que más ha perdido, hasta el punto de que sus deudas superan por primera vez a sus activos. Esta es la conclusión del último Barómetro Social de España, realizado por el Colectivo Ioé, especializado en la investigación social.

A través de 185 indicadores sociales, este Barómetro ofrece una visión de conjunto de importantes cuestiones relacionadas con el bienestar. «Llama la atención el silencio mediático respecto a los efectos catastróficos, en términos de desposesión y endeudamiento, que la crisis ha tenido para los hogares más pobres», lamenta el estudio tras analizar a fondo los datos de la EFF, publicada a principios de 2017 con cifras de 2014.

Una de las conclusiones más relevantes del Barómetro Social de España es que «la riqueza se distribuye con mucha más desigualdad que la renta». Esto resulta especialmente evidente entre los hogares más ricos y los más pobres. Lo mismo sucede con la renta: el 25% de los hogares más ricos –que concentran el 74% de la riqueza– se apropia del 42% de la renta anual, y el 25% más pobre –cuyo patrimonio medio es negativo– obtiene el 16% de la renta del conjunto de los hogares.

Así, los hogares con rentas altas disfrutan de un nivel de consumo más elevado en todos los órdenes y tienen capacidad de ahorro e inversión, lo que les permite incrementar año a año su patrimonio. En cambio, los que tienen menos ingresos no pueden hacer frente a sus necesidades, sobre todo de bienes duraderos, y necesitan endeudarse para conseguirlos, lo que acrecienta su empobrecimiento.

El Barómetro también destaca que, en 2014, España alcanzó la mayor polarización de la riqueza. Y advierte que «la cuarta parte de la población está abocada a la insolvencia». Así, entre 2005 y 2011 (primer ciclo de la crisis) todos los hogares redujeron su patrimonio, pero la bajada afectó mucho más a los hogares pobres (-36%) que a los ricos e intermedios (-11%). Por último, entre 2011 y 2014 (segundo ciclo de la crisis) solo el 10% de hogares más ricos incrementó su patrimonio (+5%), mientras el resto experimentó caídas en razón inversamente proporcional a su riqueza. Los hogares más pobres pasaron de un patrimonio neto medio de 12.600 euros en 2011 a 1.300 en 2014, lo que significa que el volumen de sus deudas superó por primera vez al valor de sus activos. Una situación gravísima desde el punto de vista social que condena a la insolvencia económica y al riesgo de exclusión social a la cuarta parte de los hogares.

Desde el año 2002, se observa que la polarización en el reparto de la riqueza se ha extremado entre el 10% de hogares más ricos, que se han vuelto mucho más ricos, y el 25% de hogares más pobres, que ahora son muchísimo más pobres. En términos relativos, esto significa que la distancia patrimonial entre la mitad más rica de España y la más pobre casi se ha doblado entre 2002 y 2014.

Asimismo, prosiguen los autores del Barómetro Social de España, el efecto más terrible de esta evolución es el drama al que se ve abocada la población más empobrecida, cuyo patrimonio neto ha pasado a ser negativo por primera vez desde 2002. En el origen de esta evolución encontramos tres causas inmediatas: el desempleo sin ningún tipo de prestación, ni contributiva ni asistencial, que afecta a unos tres millones de personas; el subempleo eventual y poco remunerado y el creciente endeudamiento de muchas de estas familias.

El estudio alerta de que las deudas de los hogares pobres han crecido diez veces más que las del resto de la población, y pesan como una losa sobre sus ingresos. Más de la mitad de las familias pobres ha llegado a un nivel de endeudamiento imposible de soportar: si en 2002 el 14% de esos hogares tenía una la deuda pendiente que superaba en más de tres veces su nivel de renta anual, en 2008 esa proporción pasó al 32% y en 2014 al 52%.

También la deuda hipotecaria de vivienda de los hogares pobres ha crecido en todas las oleadas de la EFF mientras en el resto de hogares lo hizo a un ritmo mucho menor hasta 2011, e incluso se redujo entre ese año y 2014. Para explicar esta anomalía hay que tener en cuenta que los hogares pobres han comprado su vivienda en fechas más recientes, lo que implica una deuda pendiente mayor; pero también el hecho de que en el caso español el desahucio de la vivienda por impago no anula la deuda hipotecaria sino que la mantiene y, con frecuencia, la incrementa.

El segundo componente de la deuda son los créditos personales para pagar gastos extraordinarios: al no disponer de patrimonio propio, muchos hogares empobrecidos se ven obligados a pedir créditos para acceder a los recursos básicos, con el efecto doblemente perverso de incrementar su nivel de deuda y ampliar el negocio (bancario) de los hogares más ricos.

Exclusión económica y social

«La creciente carga de deuda que soportan las familias empobrecidas conduce inexorablemente a una parte de ellas al impago de la vivienda, comprada o en alquiler, dando lugar a desahucios y lanzamientos, así como a las correspondientes ocupaciones de viviendas vacías ante la falta de una política habitacional que permita resolver tales emergencias», afirman los autores del Barómetro. Otras veces se deja de pagar la luz, el agua o el gas, con el consiguiente problema del corte del suministro, o se producen situaciones de insolvencia para acceder a necesidades básicas como la alimentación, el vestido, el transporte o los gastos extraordinarios de educación y salud…

«La negación de estos derechos básicos, compensados sólo parcialmente por las políticas sociales, son el corolario de la política económica seguida por España en las dos últimas décadas (antes, en y después de la crisis): mientras el stock de capital empresarial se ha multiplicado por cinco entre 1994 y 2015, los salarios han reducido su poder adquisitivo en un 10%, y la amenaza del paro y las reformas laborales regresivas han frenado la capacidad de reacción de la población asalariada», prosigue el informe. Y añade: «Lo que es seguro es que continuamos inmersos dentro de la onda larga neoliberal que se inició en los años setenta del siglo pasado».

Así, las relaciones de poder en el ámbito económico se extienden a las instituciones políticas y «quienes tienen dinero lo utilizan para comprar poder y manipular en su favor las leyes, normativas y políticas, generando una espiral de aumento de la desigualdad económica». «Los incontables casos de corrupción política son un indicador de esta dinámica. De este modo, las decisiones de política económica –europeas y españolas- reman a favor de las grandes empresas y mercados de deuda transnacionales», concluye el Barómetro.