Miriam Germán Brito, sobre el poder judicial y su independencia: «Pasé un tiempo sometida a un brutal acoso”

Servicios de Acento.com.do  26 de agosto de 2019 | 3:00 pm SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para la pensionada magistrada Miriam Germán Brito, ex presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la ausencia de independencia en el poder judicial “devasta el carácter social y democrático que se supone consustancial al Estado de Derecho”. Para la ex jueza la independencia es una herramienta imprescindible para la administración de justicia, en cuyas decisiones no deben estar ausentes el derecho a un trato igualitario. Dijo que El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político bajo la dirección del presidente de la República, y que los miembros que se suponen independientes le deben favores o le temen al jefe de Estado, por lo que no resulta confiable para garantizar la independencia del poder judicial. En un reconocimiento que le hizo la Comisión Dominicano de los Derechos Humanos, que dirige Manuel Mercedes, Miriam Germán declaró que en el Consejo de la M

Tribunal falla a favor de Pro Consumidor que ordenó a KFC devolver propina a ciudadano

Tribunal falla a favor de Pro Consumidor que ordenó a KFC devolver propina a ciudadano

Sánchez Bonetti había hecho una orden para llevar y le cobraron como si el pedido fuera para consumir en el restaurante de comida rápida

 
 

SANTO DOMINGO. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó una solicitud de medida cautelar de parte de la firma Kentucky Foods Group Limited contra una resolución de Pro Consumidor que ordena la devolución de una propina cobrada indebidamente a un ciudadano que pidió una orden de comida para llevar.

Una comunicación de prensa de Pro Consumidor explica que la instancia judicial motivó su decisión en que el interés general y los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en el artículo 53 de la Constitución, son superiores al interés patrimonial individual de la empresa.

Cita que la sentencia 0030-2017 fue leída el recién pasado 12 de abril.

La empresa, que maneja la marca de restaurantes de comida rápida Kentucky Fried Chicken, pretendía la suspensión de la resolución 036-2017 mediante la cual Pro Consumidor ordenaba revertir a favor del ciudadano Jack Michaelo Sánchez Bonetti la aplicación de “un 10% de ley” a una compra de comida a través del “take out” (para llevar).

La medida de Pro Consumidor parte de que esta propina debe ser cobrada, en virtud del artículo 28 del Código de Trabajo, sólo cuando las personas consumen en los mismos lugares de comidas y bebidas, como hoteles, restaurantes, cafés y barras.

Se trata de un monto que debe ser distribuido integralmente entre los trabajadores que han prestado el servicio.

La posición de la institución oficial defensora de los derechos del consumidor fue validada por el Tribunal Superior Administrativo que argumentó que “el interés general no se identifica con la voluntad de los funcionarios que integran la administración pública, sino que el mismo debe ser identificado objetivamente como beneficioso para la comunidad en términos colectivos.”

La petición de medida cautelar de parte de Kentucky Foods Group Limited fue elevada hasta tanto el tribunal fallara un recurso contencioso administrativo depositado contra Pro Consumidor por haber ordenado la devolución de la propina.

La directora de Pro Consumidor, Anina del Castillo, informó que la institución tiene en sus manos múltiples casos de consumidores que han tenido la misma experiencia del ciudadano Sánchez Bonetti en otros establecimientos y que procederá en función del mandato de la ley 358-05 y bajo el amparo de la Constitución.

Los antecedentes del caso indican que el 30 de octubre de 2016, Sánchez Bonetti compró para llevar “un combo” de Kentucky Fried Chicken con un valor de RD$1,480.01, por lo cual le cobraron la “propina de ley” ascendente a RD$115.63. El ciudadano se quejó ante Pro Consumidor, que ordenó a la empresa la devolución del cargo.

Por su lado, en lugar de acatar la resolución de Pro Consumidor, Kentucky Foods Group Limited decidió interponer un recurso contencioso administrativo y una medida cautelar contra la decisión del órgano estatal defensor de los derechos de los consumidores.

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