La obsesión del último año por acabar con todo lo que venga de Catalunya, como si los palos fueran la mejor medicina para “curar” una ideología, está provocando un efecto rebote de consecuencias incontrolables. En cada recuento electoral suman más votos los partidos favorables a la instauración de una república en Catalunya; y estos partidos, a su vez, radicalizan más su postura en pro del independentismo catalán a cada nueva medida (más bien arroutada, diríamos en Galicia), que llega de Madrid.
En tanto que la Audiencia Nacional y hasta el propio Tribunal Supremo juegan a hacer política, ante la ausencia de quienes debieran estar realizando esta labor, el Tribunal Constitucional tumba una tras otra las leyes y decretos aprobados por el Parlament catalán; algunas de ellas tan “peligrosas” como la aprobación de la Renta garantizada de ciudadania, el Decreto-Ley contra la pobreza energética, la Ley del comercio y horarios comerciales, el impuesto a los depósitos bancarios, la Ley contra los desahucios, la que prohíbe el uso del fracking en la búsqueda de hidrocarburos en Catalunya, la que regula los impuestos a la energía nuclear o una tasa a los operadores de internet.
Todo esto mientras el BOE anuncia que nos cobrarán por la callada 80 millones de euros en el recibo de la luz de este 2018 para indemnizar al Proyecto Castor, sólo unas semanas después de que el mismo TC (ese que últimamente parece ser el intéprete divino de la Torah, para algunos) declarara nula esta indemnización. O mientras esperamos que la ministra del diferido nos explique si el ejército que España envió a Letonia, con la mayor capacidad de combate que ha desplegado nunca en el exterior y que costó 63 millones de euros solo en 2017 tiene alguna relación con el silencio de la república báltica sobre la independencia catalana. De paso, también podría explicarnos porqué estas tropas fueron enviadas sin la autorización del Congreso, como ordena la Ley Orgánica 5/2005 y la propia Constitución Española, sin que la Fiscalía ni el propio Tribunal Constitucional hayan dicho nada al respecto.
Así las cosas, no parece que el asunto vaya a arreglarse por el Noreste de la península. Y si me apuran, tampoco parece que vaya a mejorar en el resto del Estado. Como muy acertadamente dice en su blog Iñaki Anasagasti:
Lejos se adivina el espacio de convivencia basado en el respeto y la pluralidad que la mayor parte de ciudadanas y ciudadanos en el conjunto del Estado (o eso quiero creer) deseamos construir. Tal vez porque nos hayan convencido de que la política es como un partido de fútbol y -si es en favor de "los nuestros"- tenemos que pedir penalti aunque la mano haya sido involuntaria y fuera del área. O tal vez porque tenemos tanta información y tan poco tiempo, que somos incapaces de distinguir a nuestro equipo antes de reclamarle al árbitro que pite el final del partido.
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